Por Redacción YSKL
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha presentado una propuesta de reforma al Código Penal ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de endurecer las penas para los delitos de hurto y robo agravado.
En el caso del hurto, el artículo actual del Código Penal establece que una persona que se apodere de una cosa mueble ajena, con ánimo de lucro, será sancionada con prisión de dos a cinco años si el valor del objeto hurtado supera los doscientos colones. Sin embargo, la propuesta de reforma plantea una modificación significativa, elevando la pena a entre seis y ocho años de prisión.
Además, se amplía la definición del delito para incluir no solo el apoderamiento, sino también la obtención y utilización ilícita de bienes muebles ajenos. Esta reforma también introduce la consideración de ciertos servicios públicos como bienes muebles, incluyendo energía eléctrica, agua, combustibles, telecomunicaciones, como telefonía, televisión e internet.
En la iniciativa se contempla la inclusión de una «Excusa Absolutoria», que permitiría eximir de pena al imputado que repare integralmente el daño ocasionado a la víctima, siempre y cuando cuente con la anuencia del fiscal. Esta excusa podrá ser otorgada una sola vez a una misma persona y deberá ser homologada por un juez sin necesidad de más trámites.
Para el delito de hurto agravado, actualmente se sanciona con penas de cinco a ocho años de prisión en determinadas circunstancias, como el uso de violencia sobre las cosas o el aprovechamiento de una calamidad pública.
La propuesta de reforma aumentaría estas penas a un rango de diez a quince años y añade nuevas circunstancias agravantes, como el hurto en estaciones de transporte público, lugares turísticos, el hurto de cinco o más cabezas de ganado, armas de fuego, municiones y explosivos, así como la participación de funcionarios públicos en el delito.
En cuanto al robo, el artículo actual de la normativa establece una pena de prisión de seis a diez años para quien se apodere de un bien mueble ajeno mediante violencia en la persona, para lo cual se propone incrementar esta pena a un rango de diez a veinte años.
Para el robo agravado, las penas actuales oscilan entre ocho y doce años de prisión si el delito se comete en circunstancias específicas, como el uso de armas de fuego o explosivos.
La nueva propuesta incrementa estas penas a un rango de veinte a treinta años e incluye nuevas circunstancias agravantes, como la intervención de funcionarios públicos, la utilización de violencia en inmuebles ocupados ilegalmente y el uso de violencia contra los titulares de servicios públicos.
