Reformas al Código Penal para aumentar cárcel por los delitos de bagatela buscan un modelo de justicia «empático», afirma Ministro de Seguridad

Por Redacción YSKL

Este lunes, la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa recibió al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para discutir las reformas propuestas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

Durante la sesión de estudio, Villatoro explicó que las reformas buscan endurecer las penas para delitos como hurto, robo, receptación y estafa.

«Hacemos oído a esos comentarios. ¿Quiere decir que si me robé una gallina voy a estar, voy a pasar preso 88 años o cinco, según la mínima o la máxima propuesta? […] Precisamente, todas las herramientas están para darle salida a eso, incluso con la facultad para que el fiscal general pueda pedir una pena inferior a la mínima establecida en el delito», aseguró.

Añadió que, «el modelo de justicia que tenemos ahora es bien sencillo, pero hasta asqueroso porque no es para nada empático».

En relación con la reforma, explicó que «lo que estamos haciendo es que no estamos premiando a alguien que agarra su teléfono, marca 100 números, estafa a 100 personas».

Las reformas propuestas incluyen un aumento significativo en las penas por hurto.

Actualmente, el Código Penal impone penas de dos a cinco años de prisión para quienes se apoderan de bienes muebles ajenos con ánimo de lucro. La reforma plantea aumentar esta pena a un rango de seis a ocho años.

Además, se ampliaría la definición de hurto para incluir la obtención y utilización ilícita de bienes, como servicios públicos y telecomunicaciones.

En cuanto al hurto agravado, la propuesta eleva las penas de cinco a ocho años a un rango de diez a quince años e introduce nuevas circunstancias agravantes, como el hurto en estaciones de transporte y el robo de ganado o armas.

Para el delito de robo, la reforma propone aumentar las penas actuales de seis a diez años a un rango de diez a veinte años; y para el robo agravado, las penas pasarían de ocho a doce años a un rango de veinte a treinta años, incluyendo nuevas agravantes como la intervención de funcionarios públicos.

Villatoro agregó que «estas reformas no nacen de un antojadizo, no nacen de un tema eminentemente político, sino que partimos de una base técnica donde reconocemos que hemos transitado por un derecho penal, un Código Penal en el que la mirada a la víctima no existía».