Informe señala 4,818 feminicidios y 78,755 violaciones sexuales entre el 2012 y el 2022

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Por Redacción YSKL

Un estudio de la Red Feminista Frente a la Violencia Contra las Mujeres (RED FEM) revela que, entre 2012 y 2022, se reportaron un total de 286,415 incidentes de violencia contra las mujeres en El Salvador.

El informe, titulado “Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en El Salvador 2012-2022”, desglosa estos casos en 4,818 feminicidios, 78,755 violaciones sexuales, 13,985 incidentes de violencia patrimonial, 17,155 de violencia económica, 85,382 de violencia psicológica y 86,300 de violencia física.

El informe destaca que, a pesar de los avances legislativos y la implementación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación para las Mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), se han observado retrocesos en políticas públicas y problemas con el acceso a la información.

“Es preocupante que el 64% de las víctimas de violencia feminicida estén en el rango etario de 10 a 39 años”, señala la investigadora de la REDFEM), Hazel Bolaños, añadiendo que “estas muertes no tienen justificación y carecen de sentido”.

Desde 2015, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha documentado 8,891 condenas por delitos de violencia feminicida, sexual, física y patrimonial.

La mayoría de estas condenas correspondió a violencia sexual (68%), mientras que la violencia física recibió el menor porcentaje (7%).

El bajo porcentaje de condenas por violencia física se atribuye a que el 55.3% de los imputados recibió salidas alternas y el 40.4% fueron sobreseídos.

Hazel Bolaños también resalta que, a pesar de una disminución en las muertes violentas de mujeres, ha habido un incremento en las denuncias de desapariciones, indicando que “aunque las muertes violentas de mujeres están disminuyendo, no estamos encontrando sus cuerpos”.

Esta observación subraya la necesidad de considerar este indicador para entender la situación completa.

El informe subraya que la violencia sexual ocurre principalmente en el ámbito doméstico y que la violencia psicológica, patrimonial y económica se ha normalizado en la sociedad salvadoreña. Se observa una vulnerabilidad particular en mujeres adultas mayores y una carga desproporcionada en las tareas de cuidado del hogar, lo que limita su autonomía económica.

La pandemia de COVID-19 exacerbó las dificultades en el acceso a servicios de seguridad, justicia y salud, debido a que muchas instituciones estaban centradas en la crisis sanitaria. Esto redujo los esfuerzos de concientización y empoderamiento, dejando a muchas mujeres atrapadas con sus agresores y agravando las situaciones de violencia intrafamiliar.

El informe recomienda al Estado priorizar la erradicación de la violencia contra las mujeres en la agenda pública, asignar presupuestos adecuados para abordar el problema y desarrollar estrategias educativas, incluyendo una Educación Integral en Sexualidad. También sugiere fortalecer la institucionalidad para abordar las diversas necesidades de las mujeres, eliminar conductas misóginas en el sector público, y mejorar la implementación de normativas de igualdad y erradicación de la violencia.

Además, el informe aboga por proteger a las defensoras de derechos humanos y promover programas locales que garanticen el cumplimiento de las leyes diseñadas para salvaguardar los derechos de las mujeres, así como mejorar el acceso a la información pública relacionada con su situación.