Por Redacción YSKL
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Públicos Originarios, la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) pidieron establecer una ley secundaria que implemente el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en El Salvador.
Según los representantes de MESUTSO, la falta de esta legislación limita la capacidad de los pueblos nahuas, lencas y Kakawiras para reclamar sus derechos y proteger su patrimonio cultural y tierras ancestrales.
Al respecto, señalaron que el Informe 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el último informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU indican que El Salvador no ha aplicado adecuadamente el Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas.
Además, mencionaron que los conflictos relacionados con la tenencia de tierras se han intensificado, exacerbados por la falta de un marco legal claro y el incumplimiento de acuerdos históricos, según el informe de la FAO 2022.
Otro punto al que hicieron referencia es a la preservación cultural, la cual perciben que enfrenta desafíos significativos.
En ese sentido, señalaron que las lenguas y tradiciones indígenas están en riesgo debido a la transculturización y la falta de apoyo institucional. Datos del Centro de Estudios de Población de El Salvador muestran que menos del 1% de la población se identifica como indígena, lo que refleja una invisibilización técnica de los pueblos nativos.
Además, las disparidades en el acceso a servicios básicos como educación y salud son evidentes, con tasas de alfabetización y acceso a salud significativamente más bajas en comparación con el resto de la población, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2022.
MESUTSO solicitó al Estado que formalice el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas y adopte medidas concretas para la restitución de tierras y la protección de lugares sagrados.
Asimismo, pidieron la promoción de la libre determinación de los pueblos indígenas y la preservación de sus lenguas y tradiciones. También solicitan el establecimiento de mecanismos de consulta previa y la implementación de políticas para enfrentar el cambio climático y mejorar la gestión de desechos sólidos.
Los miembros de la mesa hicieron un llamado al Estado para que priorice la adhesión al Acuerdo de Escazú, asegurando así el acceso a la justicia ambiental y cultural.



















