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Por Redacción YSKL
Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable para una iniciativa de ley, cuyo objetivo es «fortalecer el carácter privado y la naturaleza cooperativa de las cajas de crédito rurales, de los bancos de los trabajadores y de las federaciones a las que pertenecen estas entidades».
El anteproyecto de decreto busca asegurar que estas instituciones sean financieramente sólidas, competitivas y funcionales, facilitando así el acceso y disponibilidad de servicios financieros en comunidades urbanas y rurales.
Con base en la propuesta de «Ley de Federaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito», el Ministerio de Economía (MINEC) argumenta que es esencial mejorar la integración financiera y el desarrollo del país, por lo que se busca optimizar la captación de pequeños ahorros y el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, mediante un marco legal que se alinee con principios internacionales de regulación y que refuerce la intermediación financiera en El Salvador.
La propuesta de ley tiene como objetivo regular la organización, funcionamiento y actividades de las federaciones cooperativas de ahorro y crédito, asegurando que cumplan con sus metas económicas y sociales y garanticen una administración eficiente y confiable de los recursos.
Las federaciones se definen como sociedades o asociaciones cooperativas, cuyos socios pueden ser otras cooperativas de ahorro y crédito; y pueden constituirse como sociedades anónimas o como asociaciones cooperativas, reguladas por la Ley General de Asociaciones Cooperativas.
Su propósito principal es desarrollar un sistema de cooperativas de ahorro y crédito que sea eficiente y competitivo, centrado en la prestación de servicios financieros a familias de bajos y medianos ingresos y a micro, pequeñas y medianas empresas.
La ley propone diversas denominaciones y establece requisitos para la calificación de elegibilidad de las federaciones, como presentar información detallada sobre su estructura organizativa, bases financieras, y experiencia de sus directores, entre otros aspectos. La Superintendencia del Sistema Financiero será responsable de evaluar y otorgar esta calificación.
El capital mínimo requerido para las federaciones será de $10 millones de dólares, con un límite del 20% en la participación de cada afiliado, que se reduce al 10% si hay 10 o más afiliados.
Además, las federaciones tendrán un rango de operaciones permitidas, incluyendo la recepción de depósitos, la administración de tarjetas de débito y crédito, y la realización de inversiones financieras en el extranjero.
El anteproyecto de decreto también establece límites en la asunción de riesgos, exigiendo que las federaciones no concedan créditos ni asuman riesgos superiores al 30% de su fondo patrimonial con una sola cooperativa afiliada. Además, cada federación deberá contar con un comité de auditoría para asegurar el cumplimiento de normativas y la aplicación de controles internos.
Además, se detallan las operaciones permitidas, que incluyen la recepción de depósitos, la administración de tarjetas de crédito, la realización de inversiones, y la intermedia de recursos. También se especifica que las federaciones no pueden realizar operaciones directamente con el público.
Esta iniciativa será complementada por disposiciones transitorias que regulen la actualización del capital social y la normativa técnica aplicable.
Las federaciones existentes deberán adaptarse a las nuevas regulaciones y cumplir con las disposiciones establecidas en la ley.
La Superintendencia del Sistema Financiero supervisará el cumplimiento de la normativa y podrá sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas.
En caso de ser aprobada, la legislatura entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
La implementación de esta ley busca garantizar una mayor estabilidad y eficiencia en el sector cooperativo de ahorro y crédito, promoviendo un entorno financiero más sólido y accesible para todos.
