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Por Redacción YSKL
En el marco de la conmemoración del 107º aniversario del nacimiento de Monseñor San Óscar Arnulfo Romero, el Comité Nacional Mons. Romero presentó un análisis sobre la situación actual en El Salvador, abordando la percepción de los derechos humanos y situación económica.
El Comité consideró que el país está viviendo una concentración del poder en una sola persona, lo que, a su juicio, transgrede la Constitución y el marco democrático.
En ese sentido, indicaron que, en su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado un modelo punitivo en las recientes modificaciones legislativas.
Entre estas, se destaca la aplicación obligatoria de prisión preventiva, la reserva de identidad de operadores de justicia, y la extensión de penas a menores de edad en casos graves. Según el Comité, «la CIDH ha documentado violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias y abusos en el uso de la fuerza.»
Los representantes del Comité hicieron énfasis en que, desde el 27 de marzo de 2022, se han detenido más de 81,000 personas, la mayoría con prisión preventiva. También señalaron que «la CIDH ha reportado condiciones precarias en los centros penitenciarios, con altos niveles de hacinamiento y muertes por torturas».
En cuanto a la libertad de expresión, el Comité observó que las reformas legislativas recientes han limitado el acceso a la información pública, citando «obstáculos para la cobertura periodística y la defensa de derechos humanos».
Por otro lado, el Comité percibe que los precios de la canasta básica han aumentado significativamente a pesar de las medidas gubernamentales. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), la Canasta Básica Urbana (CBAU) pasó de $247.10 en julio de 2023 a $264.91 en julio de 2024, un incremento del 7.18%.
Los representantes del Comité consideraron que «la Ley Especial para Promover la Competitividad y Facilitar el Acceso a Productos de la Canasta Básica, aprobada el 17 de julio, no ha logrado reducir los precios como se prometió».
Ante esto, el Comité hizo un llamado a «condenar el irrespeto a los derechos humanos» en los centros penitenciarios y entre los líderes opositores al gobierno. «Es fundamental que se respeten los derechos humanos y se ponga fin a las prácticas abusivas», aseveraron.
También solicitaron la suspensión del régimen de excepción, que, según el Comité, está afectando negativamente a las familias más pobres.
«El régimen de excepción está causando un gran daño a las familias más vulnerables del país», valoraron.
Asimismo, instaron al pueblo a «superar el miedo» y demandar públicamente sus derechos, afirmando que «es necesario un cambio profundo en el sistema».
El Comité añadió que es esencial transformar el sistema de raíz para abordar estas problemáticas de manera efectiva.
