Por Redacción YSKL
Este lunes, representantes de distintos movimientos sociales pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que actúe dentro de sus competencias para salvaguardar los derechos de los privados de libertad.
Los afectados se concentraron frente a las oficinas de la PDDH, exigiendo la intervención de la institución en la atención médica de los reos en diversos centros penitenciarios del país. En ese sentido, denunciaron que las autoridades penitenciarias han negado el acceso a médicos de Medicina Legal para realizar chequeos médicos.
«Solicitamos que este escrito sea admitido y que se realicen todas las gestiones necesarias para obtener información que demuestre la vulneración de derechos humanos en El Salvador. Asimismo, pedimos la convocatoria de una audiencia con los representantes de la PDDH para obtener respuesta a nuestra denuncia y presentar las pruebas que hemos documentado», indicó Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
Ramírez también instó a la PDDH a activar mecanismos de protección de derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), señalando que es una obligación de la institución abordar estos casos graves.
Por su parte, Fidel Zavala Pérez, vocero de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UNIDEHC), informó que han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República sobre violaciones a los derechos humanos, mencionando que se han registrado más muertes y tratos inhumanos en las cárceles.
Zavala agregó que los presos no están recibiendo juicios justos y que el acceso de Medicina Legal para realizar análisis médicos a los reclusos ha sido bloqueado.
«Recientemente, hemos sido testigos de dos muertes adicionales, lo que eleva a más de 300 las personas fallecidas bajo este régimen de excepción. Esta situación es consecuencia de la falta de atención médica y del incumplimiento del estado de derecho», afirmó.
Destacó que numerosos casos documentados muestran que personas han ingresado a los penales sin condena y han desarrollado enfermedades graves, como cáncer, durante su detención.
«A menudo, estas personas son presentadas como delincuentes ante la opinión pública, distorsionando la realidad de la situación», agregó.
Según indicaron, la denuncia se dirige directamente al director de Centros Penales, Osiris Luna, y a otros responsables que, según Zavala, han desinformado en lugar de abordar las injusticias que se están cometiendo.



















