Por Redacción YSKL
Este jueves, representantes de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue la entrega del bono de $300 destinado a las familias durante la pandemia de COVID-19, señalando posibles delitos como peculado e incumplimiento de deberes por parte de funcionarios públicos.
Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, explicó que se han identificado numerosas irregularidades en el proceso de distribución del subsidio. Entre estas, mencionó la falta de controles que permitió que personas no elegibles, incluyendo pandilleros y fallecidos, recibieran el bono, mientras que muchas familias que calificaban no fueron beneficiadas.
«Este proceso no solo ha dejado a miles de personas sin recibir el beneficio que les correspondía, sino que también permitió que personas indebidas engrosaran los listados», señaló López.
La denuncia solicita que se investigue a funcionarios como la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el entonces ministro de Gobernación, Mario Durán, además de otras autoridades involucradas en la gestión del subsidio financiado con más de 400 millones de dólares provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), por posibles delitos como peculado e incumplimiento de deberes.
El informe de la Corte de Cuentas de la República detectó 22 irregularidades en el proceso, incluyendo contrataciones directas sin la documentación adecuada y la falta de supervisión en los pagos.
«Es esencial que se deduzcan responsabilidades y se activen los mecanismos de control para proteger los derechos de los salvadoreños», añadió López.
La abogada subrayó que más de $513 millones fueron utilizados para este subsidio, y hubo contrataciones directas con empresas que carecen de la documentación adecuada. Se registraron casos en los que parejas y personas fallecidas recibieron el subsidio, lo que pone en evidencia el mal manejo de los recursos.
Cristosal instó a la FGR a iniciar las acciones legales pertinentes para determinar las responsabilidades penales de los involucrados y a garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en situaciones de emergencia.
