Por Redacción YSKL
La Procuraduría General de la República (PGR) recibió el lunes varios escritos de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción, quienes denunciaron que abogados públicos no están autorizando la entrega de antecedentes penales de sus parientes procesados.
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) solicitaron a la PGR que investigue a estos defensores públicos por su falta de acción.
Rudy Joya, vocero de UNIDEHC, explicó que se logró la recepción de su solicitud y que representantes de la Procuraduría están atendiendo casos tanto de San Salvador como de otras áreas.
“Hemos visto una incidencia y una respuesta muy buena de parte de la Procuraduría, pero es necesario que se atienda a todas estas personas”, afirmó.
Joya enfatizó la necesidad de que se entregue la documentación pertinente a las familias de los detenidos, quienes exigen respuestas sobre la situación de sus seres queridos.
