Por Redacción YSKL
Este martes, representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) acudieron a la Asamblea Legislativa para presentar un escrito que solicita la derogación de la normativa que limita el régimen de visitas para las personas privadas de libertad.
Los afectados señalaron que la inclusión de un artículo de la Ley Penitenciaria (decreto número 93) permite a los directores de centros penales suspender las visitas de manera total o parcial, justificando estas acciones bajo el plan control territorial.
Esta situación ha llevado a una incomunicación total con los detenidos, lo que se asemeja a una desaparición forzada.
«La falta de información sobre el estado físico, mental y jurídico de los detenidos ha creado un vacío angustiante para nosotros como familiares», expresaron los afectados.
En ese sentido, afirmaron que esta incomunicación no solo impacta a los adultos mayores, sino que también afecta emocionalmente a los niños que añoran la presencia de sus padres.
Los representantes de MOVIR resaltaron que «la falta de contacto con nuestros seres queridos y la ausencia de información sobre su bienestar constituyen graves violaciones a los derechos humanos».
En su solicitud, mencionaron que en 2016 se adoptaron medidas extraordinarias que suspendieron las visitas a los centros penales por un año, pero que, desde la reforma a la Ley Penitenciaria en agosto de 2018, los directores de estos centros tienen la facultad de suspender las visitas por períodos de 30 días, con posibilidad de prórroga.
También indicaron que, desde el 1 de marzo de 2020, las visitas fueron oficialmente suspendidas tras la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno debido a la pandemia de COVID-19.
El legislador de ARENA, Francisco Lira, recibió la iniciativa, pero mencionó que la Asamblea se negó a aceptar la correspondencia debido a que «se debía incluir una solicitud de derogatoria del Estado de Excepción».
Lira aclaró que, aunque el documento contenía un párrafo sobre la derogatoria, «no es esa la solicitud que estamos haciendo», y lamentó la resistencia del oficialismo a permitir siquiera la entrega de una carta que proviene de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El legislador expresó su preocupación por la situación, enfatizando que la solicitud principal es que se permita a las familias visitar a sus seres queridos inocentes en prisión, pero que «ni siquiera eso quieren recibir aquí en la Asamblea Legislativa».
