Por Redacción YSKL
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha recibido 11 solicitudes de candidatos para ocupar la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en el próximo período, un cargo vacante tras el nombramiento de Roxana Soriano como presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Este listado será estudiado por la Comisión Política, convocada para analizar las postulaciones el lunes próximo.
Entre los aspirantes, figuran abogados y notarios con experiencia en auditoría gubernamental, fiscalización pública, y administración de justicia, además de profesionales con formación en contaduría y gerencia pública.
Algunos de ellos han destacado su trayectoria en instituciones como la misma Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los postulantes se encuentran varios abogados, como Gonzalo Octavio Ayala López, de 51 años, quien también se postuló para el cargo de Fiscal General de la República; Harold Iván Córdova Solís; Lila Margarita Rosa de Lemus; y Julio César Figueroa Grande, licenciado en Ciencias Jurídicas.
Además, José Arnoldo Gaitán Castro, de 67 años, presentó una propuesta titulada “Desafíos para el Fortalecimiento de la Fiscalización Pública en El Salvador y Plan de Acción 2023-2026”.
Otros candidatos incluyen a Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, licenciado en Contaduría Pública y jefe de Auditores Gubernamentales de la CCR, quien señaló que esta es la sexta ocasión en la que aplica para este cargo; y José Luis Montalván Martínez, maestro en Gerencia Pública con una experiencia laboral de 25 años en el sector privado y 10 en el sector público, todos en la Corte de Cuentas.
Entre los abogados y notarios se destacan Carol Beatriz Murcia Carrillo, de 48 años; Julio César Chacón Flores, de 45 años; y Walter Salvador Sosa Funes, de 37 años.
María del Carmen Martínez Barahona, también abogada y notaria, cuenta con seis años de experiencia como Primera Magistrada de la Corte de Cuentas y una larga trayectoria como Fiscal de Carrera desde 1998.
El proceso de selección se regirá por criterios de transparencia y meritocracia, conforme a la normativa constitucional y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.
Según el decreto aprobado el pasado 10 de septiembre, los postulantes no deben tener afiliación partidaria y se someterán a una revisión de antecedentes por diversas instituciones públicas. El periodo de recepción de solicitudes cerró el 31 de octubre, conforme a lo establecido en la convocatoria oficial.
