Exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia cuestiona testimonio de Francisco Cáceres en juicio por Saqueo Público

David Rivas afirmó que su papel como funcionario público fue netamente para la operatividad de sus asignaciones.

Por: Redacción YSKL.

Tras la lectura del fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador en el caso de Saqueo Público, que involucra a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes en el desvío de más de $351 millones, David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, expresó su desacuerdo con el testimonio del principal testigo de la fiscalía, Francisco Cáceres, exsecretario privado de Funes y testigo con criterio de oportunidad.

El juez encargado del caso desestimó múltiples incidentes de la defensa que buscaban excluir el testimonio de Cáceres, considerando su declaración como una pieza clave para esclarecer las acciones y participación de los imputados en el esquema de desvío de fondos. Según el juez, Cáceres ofreció detalles esenciales sobre cómo, cuándo y dónde ocurrieron los delitos, argumentando que su testimonio era fundamental para la imputación de cargos y que había aportado información sustancial en torno al mecanismo de extracción de fondos públicos.

Sin embargo, Rivas mostró un abierto desacuerdo con la credibilidad de Cáceres y lo calificó como “el único responsable” en la administración de los fondos reservados de la Presidencia, además de señalar al testigo de mentir y manipular pruebas para evadir su propia responsabilidad.

“Él es el único responsable, ¿verdad? Él era el máximo responsable a nivel institucional del manejo de los fondos reservados. Fue él el que decidió que se pagaran esos complementos y mandar el dinero a través de un cheque que yo ni sabía”, afirmó Rivas, explicando que su papel en la recepción de fondos fue meramente operativo y que no tenía control sobre las decisiones relacionadas con los cheques que recibió. Según él, dichos fondos nunca fueron para su uso personal, sino para pagar complementos salariales a empleados.

El ex funcionario afirmó que la asignación de cheques que le atribuyó la fiscalía fue, en realidad, un proceso que existía previamente en la administración y que los fondos que recibió estaban destinados a complementos de empleados públicos. Además, sostuvo que durante el juicio se presentaron diversas irregularidades, sugiriendo que la fiscalía y Cáceres buscaron manipular los hechos para condenar a ciertos funcionarios de forma selectiva.

Rivas también lanzó una grave acusación contra Cáceres, afirmando que este retiró documentación clave de Casa Presidencial, obstaculizando así la presentación de pruebas en su defensa.

“Cuando mi abogada solicitó esos recibos, Casa Presidencial respondió que no estaban, porque el señor Francisco Cáceres se los llevó. Se los llevó como si fueran de su propiedad; eran documentos oficiales de Casa Presidencial que debían estar ahí”, declaró Rivas, insistiendo en que dicha evidencia podría haber aclarado su papel en el manejo de los fondos.

Además, Rivas se refirió a un reportaje de El Faro que, según indicó, tuvo acceso a los recibos gracias a Cáceres. “El Faro publicó copias de esos recibos que le fueron proporcionados por el señor Francisco Cáceres”, expresó, sugiriendo que Cáceres habría manipulado estos documentos para reforzar su testimonio en el juicio.

Condenas en el caso

Manuel Rivera Castro fue condenado a 8 años de prisión por peculado y a 5 años por lavado de dinero. En su calidad de presidente del Banco Hipotecario, facilitó el desvío de fondos mediante la creación de cuentas donde se depositaban grandes sumas provenientes de los Gastos Reservados de la Presidencia. Según el fallo, Rivera Castro permitió la libre circulación de estos fondos a cambio de pagos extra recibidos desde Casa Presidencial.

José Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, recibió una sentencia de 14 años: 8 años por lavado de dinero y 6 por defraudación fiscal. Las pruebas apuntaron a que Mecafé actuaba como testaferro de Funes y su familia en la compra de bienes, además de gestionar una empresa ficticia que simulaba reparar vehículos de Casa Presidencial. Esta empresa sirvió para ocultar fondos desviados desde los Gastos Reservados.

David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, fue condenado a 8 años por lavado de dinero. Según las investigaciones, Rivas recibió 31 cheques provenientes de los Gastos Reservados para supuestas compras de material audiovisual, pero su incremento patrimonial en ese periodo fue considerado injustificado. Asimismo, se detectaron inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.

Juan Carlos Guzmán Berdugo, padre de la exesposa de Mauricio Funes, fue condenado a 8 años de prisión por lavado de dinero. Según el tribunal, Guzmán Berdugo utilizó fondos públicos para pagar préstamos, adquirir vehículos y financiar viajes personales.

La ex primera dama Vanda Pignato fue absuelta de los cargos de lavado de dinero, pero fue condenada a tres años por simulación de delito, pena que cumplirá mediante trabajos de utilidad pública. La condena se derivó de una denuncia en la que Pignato alegó falsificación de firma en la venta de un vehículo, la cual se comprobó era auténtica.