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Por Redacción YSKL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó su informe anual ‘Panorama Social de América Latina 2024’, el cual advierte sobre la persistente crisis de desarrollo en la región y la necesidad de fortalecer la protección social no contributiva.
En particular, el informe menciona que la situación en Centroamérica, incluyendo El Salvador, no es ajena a esta crisis, agravada por el impacto de la pandemia por COVID-19, que aumentó la pobreza a nivel regional. A pesar de que la pobreza ha comenzado a reducirse desde 2023, la desigualdad de ingresos sigue siendo alta.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, señaló que la desigualdad «apenas mostró cambios significativos entre 2022 y 2023».
«Vemos a una región sumida en tres grandes trampas del desarrollo», expresó Salazar, refiriéndose a las trampas de baja capacidad de crecimiento, alta desigualdad y débil cohesión social, y la baja capacidad institucional.
El informe subraya que el «desarrollo social inclusivo» es fundamental para superar estas trampas, definido como «el proceso económico y social que permite que las personas alcancen una vida libre de pobreza y de un nivel de bienestar basado en un crecimiento económico alto, sostenido, inclusivo y sostenible, con garantía del ejercicio de derechos, abordando brechas y desigualdades sociales».
Una de las mayores desigualdades observadas es en términos de género y la «crisis de los cuidados», un desafío que se intensificará con el envejecimiento acelerado de la población.
La CEPAL subraya la necesidad urgente de políticas de cuidados a largo plazo, especialmente en países como El Salvador.
Alberto Arenas, director de Desarrollo Social de la CEPAL, comentó que «el gasto actual en este rubro es insuficiente para cubrir las necesidades de la población».
El informe también plantea la necesidad de diseñar políticas de cuidado que garanticen el derecho al cuidado con corresponsabilidad social y de género, además de fortalecer la formación y certificación de competencias en este sector.
«Políticas de cuidado de largo plazo, adecuadas a los requerimientos del envejecimiento de la población y de personas de edad avanzada, especialmente 80 años y más», destacó Arenas.
El cuarto capítulo del informe aborda la institucionalidad y el gasto social, señalando que es necesario contar con capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas para implementar una protección social no contributiva eficaz.
