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Por Redacción YSKL
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, habló sobre las dificultades que enfrentan las autoridades para determinar si una persona no pertenece a una estructura pandilleril.
En ese sentido, explicó que se desarrolla un proceso para identificar a los «colaboradores», «pandilleros no brincados» y «homeboys» dentro de estas estructuras.
«Es decir, no es algo tan sencillo. Recuérdate que en el pasado estas organizaciones presentaban todas las cartas habidas y por haber de que el ciudadano detenido era un ejemplo en la comunidad. Ya entonces, obviamente, ese tipo de cartas se pueden presentar en cualquier tipo de proceso», indicó el ministro, este martes, en la entrevista Frente a Frente.
Según el funcionario, no es fácil determinar la participación de un individuo, ya que en el pasado las organizaciones criminales utilizaban diversos mecanismos para presentar a sus miembros como ciudadanos ejemplares.
«Ahí es donde cobra sentido todo ese trabajo que hay que hacer de manera responsable para encontrar si efectivamente… hay que determinar si su actuación era por coacción o por convicción», afirmó Villatoro.
En cuanto a las personas procesadas bajo el régimen de excepción, Villatoro detalló que hasta inicios de noviembre de 2024 se habían otorgado medidas sustitutivas a la detención provisional a más de 8,000 personas.
De acuerdo con estadísticas de agosto de 2023, aproximadamente 7,000 personas fueron liberadas al no encontrarse pruebas suficientes para vincularlas con actividades pandilleras.
«Lo mencionaba el señor Presidente en la visita a Costa Rica. Son un poco más de 8,000 personas a las que se ha sustituido la detención provisional por un procesamiento en casa», puntualizó el titular de Justicia y Seguridad Pública.
Por otro lado, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión recibió recientemente una solicitud para la liberación de 150 personas detenidas bajo el régimen de excepción.
Estas detenciones, según organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), habrían ocurrido de manera arbitraria.
El 18 de diciembre de 2024, MOVIR y UNIDEHC entregaron documentación que, según indicaron, demuestra la inocencia de estas personas. En respuesta, el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, confirmó que la solicitud fue admitida y está siendo evaluada.
«Tan pronto como se registren avances significativos, se les notificará por esta misma vía», afirmó Guzmán.
