Reiteran apoyo a excombatientes de Santa Marta antes de la repetición de juicio en su contra

Por: Redacción YSKL.-

Más de una veintena de organizaciones ambientales, sociales, sindicales y otras manifestaron este miércoles su rechazo ante la próxima audiencia de vista pública que realizará el Tribunal de Sentencia de San Vicente el 3 de febrero. El proceso involucra a seis excombatientes de la extinta guerrilla del FMLN, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto asesinato de una mujer en agosto de 1989, durante el pasado conflicto armado interno.

Los implicados ya habían sido absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque. Sin embargo, tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Penal de Cojutepeque ordenó repetir el juicio. Según los colectivos, la acusación de la FGR carece de fundamentos sólidos debido a inconsistencias en las pruebas presentadas.

“Manifestamos una vez más nuestra más profunda preocupación y enérgico rechazo a este injusto proceso penal, en el cual la Fiscalía mantiene una acusación sin pruebas, basada únicamente en el relato contradictorio de un testigo protegido que ha cambiado su versión en varias ocasiones. Inicialmente dijo que ‘vio’ los hechos, luego aseguró que ‘le contaron’ y, en su última intervención, realizada en octubre pasado, confirmó que no presenció los eventos imputados. Además, la Fiscalía no cuenta con el cuerpo del delito ni con elementos probatorios adicionales que respalden su caso”, expresó Vicente Cuchillas, representante de los colectivos, durante la lectura de un comunicado de prensa.

Asimismo, los colectivos señalaron que los acusados no se encontraban en el lugar del crimen el día en que presuntamente ocurrió. Según sus declaraciones, los seis excombatientes se encontraban en otras zonas como parte de las operaciones previas a la Ofensiva Hasta el Tope de noviembre de 1989.

Acusaciones vinculadas a la criminalización de defensores ambientales

Integrantes de los colectivos ambientalistas y la comunidad de Santa Marta, en Cabañas, consideran que este caso penal tiene como trasfondo una intención de criminalizar y reprimir a líderes comunitarios por su labor en defensa del medio ambiente.

“La acusación contra Antonio Pacheco, Saúl Rivas y los demás líderes comunitarios es una represalia por las denuncias realizadas por Santa Marta y ADES sobre la reactivación de proyectos mineros. El trasfondo político de este proceso judicial está relacionado con intereses económicos, como lo demuestra la reciente derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y la aprobación acelerada de una nueva normativa que favorece a esta industria altamente contaminante. Esto pone en grave riesgo el agua, los ecosistemas, la salud, la agricultura y la vida de las presentes y futuras generaciones”, señala el comunicado.

En este contexto, los colectivos instaron a los jueces del Tribunal de Sentencia de San Vicente a resolver el caso conforme a derecho y las normas legales vigentes. Exigieron un fallo absolutorio definitivo que libere de responsabilidad a los acusados.