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Por Redacción YSKL
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el envío a la Asamblea Legislativa de la propuesta de Ley Anticorrupción, describiéndola como «un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador».
Bukele destacó que la ley tiene como objetivo «reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes».
Entre los puntos más relevantes de la propuesta se incluye la obligación para los servidores públicos y sus familiares de presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta, la cual será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
Además, se propone endurecer las penas para los delitos de corrupción y crear una nueva categoría de delito, sancionada con prisión, para castigar el testaferrato, que implica el uso de «prestanombres».
La ley también establece un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, que tendrá un vínculo directo con la Fiscalía General de la República para perseguir a los corruptos desde las auditorías.
Asimismo, se plantea la creación de un Centro Nacional Anticorrupción, que realizará labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la Fiscalía, y se le otorgará acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos para detectar actividades sospechosas de inmediato.
Por otro lado, se habilitarán ventanillas de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
El mandatario agregó que esta ley es «solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador», comparando este esfuerzo con las acciones tomadas contra las pandillas y otros delitos en el país.
Cabe mencionar que, durante la sesión plenaria instalada este miércoles, el Presidente de la Asamblea, confirmó el ingreso de dicha propuesta de normativa, buscaría «establecer el marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; así como promover la cultura de información para una efectiva controlaría social, para lograr una mayor integridad en la función pública y lucha reforzada contra la corrupción.
La pieza de correspondencia será estudiada en la Comisión Política, y con base en las convocatorias respectivas, se prevé que sea abordada el próximo miércoles, 5 de febrero.
