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Por Redacción YSKL
El presidente de la República, Nayib Bukele, presentó la iniciativa de «Ley Anticorrupción» ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de «establecer el marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública».
La propuesta contempla la creación del Centro Nacional Anticorrupción (CNA), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) que sería responsable de «ejecutar todas las acciones de inteligencia relativas a la prevención, investigación y persecución de los delitos de corrupción».
El Centro contaría con un presupuesto especial agregado al de la Fiscalía, y el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, debería otorgar los fondos necesarios para su funcionamiento.
La institución funcionaría de manera ininterrumpida y deberá contar con las plataformas tecnológicas necesarias para garantizar, de forma continua y en tiempo real, la verificación y seguimiento de la información contenida en los registros de las instituciones miembros del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC).
El Centro también contaría con la facultad para implementar herramientas de tecnología avanzada para el análisis de datos, lo que le permitiría identificar redes de corrupción al analizar conexiones entre personas, instituciones y transacciones.
Además, el CNA podrá determinar en qué unidades organizativas de las instituciones será necesario establecer equipo o personal para el efectivo cumplimiento de sus funciones.
Este sistema estará conformado por diversas instituciones, incluyendo la FGR, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y la Policía Nacional Civil, entre otras.
Los miembros del SINAC tendrían la obligación de crear unidades de enlace con el CNA y poner en funcionamiento un sistema informático que permita el acceso y comunicación electrónica.
Además, deberían habilitar ventanillas de denuncia ciudadana para recibir avisos sobre posibles actos de corrupción, garantizando la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) tendrá facultades para realizar investigaciones y auditorías relacionadas con posibles actos de corrupción. La Corte deberá remitir cualquier hallazgo a la Fiscalía para que se tomen las acciones correspondientes.
Dicho anteproyecto de decreto busca «promover la cultura de información para una efectiva contraloría social, para lograr una mayor integridad en la función pública y lucha reforzada contra la corrupción».
Si se aprueba, la normativa entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.
La iniciativa, atribuida al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, será estudiada por la Comisión Política de la Asamblea.
