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Por Redacción YSKL
El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, informó este jueves que es complicado rastrear a las personas que adquirieron licencias de conducir de manera fraudulenta, debido a que las escuelas de manejo involucradas facturaban los exámenes, haciendo parecer que los solicitantes habían aprobado las clases de manejo.
«Es difícil identificar, digamos, qué persona lo hizo y qué persona no», comentó Rodríguez.
El funcionario explicó que el mecanismo utilizado por estas escuelas incluía recibir pagos en efectivo y, al mismo tiempo, facturar las clases y exámenes, lo que generaba la apariencia de que los solicitantes habían cumplido con los requisitos.
«Por eso es que al final le pusimos el aviso a la fiscalía», agregó, destacando que la Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a cabo investigaciones que han permitido desmantelar una red de corrupción que involucra a personal de las escuelas de manejo y del viceministerio de transporte.
Rodríguez también mencionó que la policía ha actuado en casos de flagrancia y que se están realizando operativos en diferentes escuelas de manejo.
«Estamos trabajando en las escuelas de manejo, pero no es el único sector que se va a intervenir», afirmó.
Las declaraciones se dieron en el contexto de un operativo de verificación de escuelas de manejo, en el marco de una investigación por irregularidades en los trámites para obtener licencias de conducir.
La Fiscalía ejecutó allanamientos en las sedes del viceministerio de transporte en San Miguel y San Salvador, así como en varias escuelas de manejo y empresas examinadoras.
Según el Ministerio Público, la estructura operaba en los alrededores de SETRACEN y ofrecía alterar los resultados de pruebas reprobadas a cambio de entre $800 y $1,000.
«Todo comienza el año pasado, cuando autoridades del MOP presentan una denuncia en Fiscalía sobre irregularidades», explicó el fiscal del caso.
Las personas que adquirían estos servicios no se sometían a los exámenes requeridos por la ley, y en algunos casos, no sabían leer ni escribir. Hasta el momento, se han ordenado 28 capturas a nivel nacional, de las cuales 16 han sido detenidas y 12 aún están por ser capturadas.
Los acusados enfrentarán cargos por agrupaciones ilícitas, cohecho activo, falsedad ideológica y uso y tenencia de documentos falsos.
