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Por: Redacción YSKL.-
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, resolvió admitir la mayoría de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso civil por enriquecimiento ilícito contra Jaime Miranda Flamenco, exministro de Relaciones Exteriores, y su esposa, Carmen Medina de Miranda. Durante la audiencia preparatoria, se ordenó un peritaje financiero, para lo cual se solicitará a la Corte de Cuentas de la República un listado de peritos que realicen el análisis con base en los puntos de pericia admitidos.
La defensa del exfuncionario se pronunció sobre la decisión de la Cámara, señalando que la naturaleza de la audiencia es determinar la pertinencia, relevancia y utilidad de la prueba.
«La honorable cámara determinó no admitir cierta prueba ofrecida por nosotros, que es mínima en comparación con toda la voluminosidad presentada. Sin embargo, la resolución de fondo se dará hasta la audiencia probatoria», declaró la abogada defensora. Además, destacó que la defensa ha presentado un peritaje contable «determinante y conclusivo en cuanto a la inexistencia de irregularidades».
La FGR sostiene que Miranda Flamenco y su esposa se enriquecieron ilícitamente con un monto de $283,733.89, el cual, según la acusación, debería ser reintegrado al Estado. Durante la audiencia preparatoria, el Ministerio Público presentó pruebas para que la Cámara evalúe la legalidad y procedencia de los fondos que, según la FGR, fueron adquiridos de manera irregular.
Jaime Miranda Flamenco ocupó diferentes cargos públicos durante las administraciones de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Entre 2009 y 2013, así como entre 2014 y 2018, se desempeñó como viceministro de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, ejerció como ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2014.
Las investigaciones revelan que tanto el exministro como su esposa presentan nueve irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. A Miranda Flamenco se le atribuyen seis irregularidades que suman $219,894.63, mientras que a su esposa se le señalan tres irregularidades con un monto de $63,839.26. La resolución final sobre el caso se conocerá una vez concluida la audiencia probatoria.
