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Por: Redacción YSKL
Este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 un decreto que contiene la carta de intención suscrita entre el Ministro de Hacienda, el Banco Central de Reserva (BCR) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para un financiamiento bajo la modalidad de «Servicio Ampliado del Fondo (SAF)», por un monto de mil trescientos cincuenta y siete millones.
Los recursos servirán, según la normativa que fue presentada este miércoles, y aprobada por dispensa de trámite por los Diputados de Nuevas Ideas, para «apoyar necesidades de financiamiento fiscal».
Además, podrán orientarse al fortalecimiento y apoyo a caja fiscal de Hacienda o «para el fortalecimiento de las reservas del Estado de El Salvador».
La tasa que pagará el gobierno será de 4.146%, para diez años de plazo y la reposición de cuotas está respaldada conforme al calendario de amortización que comunique el FMI.
En diciembre de 2024, El Salvador y el Fondo alcanzaron un acuerdo técnico para un programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por aproximadamente $1,400 millones.
Entre los componentes clave para otorgar el empréstito fueron la implementación de un plan de consolidación fiscal que busca mejorar el balance primario en aproximadamente un 3.5% del PIB durante tres años. Para 2025, se contemplan medidas equivalentes al 1.5% del PIB, enfocadas en reducir la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a municipios.
Otro punto dentro de las negociaciones fue el fortalecimiento de la transparencia fiscal mediante la mejora del marco de responsabilidad fiscal y la publicación detallada de información sobre deuda pública, pensiones, empresas estatales y contratos públicos, incluyendo la identificación de beneficiarios finales.
Asimismo, El Salvador se comprometió a incrementar gradualmente las reservas de liquidez exigidas a los bancos, pasando del 11.5% al 15% de los depósitos para finales de junio de 2026, con el objetivo de reforzar los colchones fiscales y del sector financiero.
El Bitcoin fue tema de discusión: el país debía reformar la ley del criptoactivo, para que los pagos a través de BTC fueran voluntarios, limitar al sector público en actividades económicas en criptomonedas y limitar la billetera digital Chivo. En cuanto a la ciudadanía, el FMI acordó que debía pagar sus impuestos en dólares.
La implementación exitosa de este programa podría mejorar la confianza de los inversionistas y facilitar el acceso a financiamiento adicional de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, sumando más de $3,500 millones en apoyo financiero durante el período del programa.
