Por Redacción YSKL
La eliminación del financiamiento público a los partidos políticos en El Salvador, resultado de una reforma constitucional, ha sido calificada como un retroceso en pluralismo político y transparencia electoral, según un informe de la asociación Acción Ciudadana.
El «Informe: Reforma a la Constitución sobre el financiamiento público», fue presentado este martes, y destaca las implicaciones de esta medida en el sistema político del país.
El informe señala que la eliminación del financiamiento público podría afectar los procesos electorales futuros, ya que este mecanismo fue diseñado para reducir la dependencia de los partidos de donantes privados, quienes podrían buscar influir en las decisiones políticas a cambio de sus contribuciones.
«El financiamiento público busca nivelar la competencia electoral, haciendo más equitativas las opciones de los participantes», se indica en el documento.
Además, se menciona que «la eliminación del financiamiento público no solo debilita la pluralidad política, sino que se alinea con la consolidación de un régimen autoritario».
La reforma, aprobada en abril de 2024, permite que una misma legislatura realice cambios constitucionales con tres cuartas partes de los votos, en lugar de requerir la aprobación de dos legislaturas.
Esta modificación fue ratificada en enero de 2025 y se justificó como un cumplimiento de una promesa de campaña del instituto político, Nuevas Ideas.
Sin embargo, el informe cuestiona la falta de datos que respalden esta afirmación, sugiriendo que «no se conocen mediciones de opinión pública que avalen esta afirmación y más bien pareciera que se usó dicho argumento para abrir la puerta a futuras reformas a la carta magna».
Desde su implementación en 1983, el financiamiento público, conocido como deuda política, ha sido considerado esencial para el funcionamiento del sistema democrático en El Salvador.
Según el estudio, entre 2014 y 2024, los partidos políticos han recibido un total de $89,907,601.57 en concepto de deuda política.
No obstante, se advierte que «la eliminación de la deuda política tendrá repercusiones importantes en la estructura de financiamiento de los partidos», ya que el financiamiento público ha representado aproximadamente el 51% de los ingresos totales de los partidos.
El informe también destaca que la eliminación del financiamiento público podría consolidar un régimen autoritario, al debilitar la pluralidad política y favorecer a los partidos con mayores recursos privados.
«La falta de recursos públicos dificulta la capacidad de los partidos más pequeños para competir en igualdad de condiciones», se menciona, lo que podría llevar a un aumento en la influencia de financistas privados en la política.
El documento concluye que la reforma contraviene las tendencias observadas en otros países de la región, donde se han implementado medidas para fortalecer la transparencia y el control sobre el financiamiento político.
«La eliminación del financiamiento público representa un retroceso en términos de pluralismo político y transparencia electoral», se afirma en el informe, sugiriendo que esta medida podría socavar la confianza en el sistema político y limitar la representación equitativa de todos los sectores de la sociedad.
