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Por Redacción YSKL
Diversas organizaciones sociales solicitaron la derogación de la Ley General de Minería Metálica, aprobada el 23 de diciembre de 2024.
Los ambientalistas se reunieron frente a las instalaciones de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), donde se pronunciaron contra la implementación de la minería metálica en el país.
Daniela Ferrufino, representante del Movimiento Nacional Voces del Futuro, expresó que su objetivo es informar a más personas sobre los posibles efectos negativos de la minería.
“Como movimiento y las personas que nos apoyan, tenemos claro las afectaciones que va a traer consigo la minería, pero ahorita tenemos el objetivo de llegar a muchas más personas e informarles para que ellas también se den cuenta de esos problemas”, indicó.
Neftalí Ruiz, también miembro, cuestionó la idea de una «minería verde» y resaltó las posibles consecuencias ambientales.
«Hay estudios que dicen que no hay minería verde. Verde va a quedar nuestra agua, verde vamos a quedar nosotros cuando tomemos esa agua contaminada», manifestó Ruiz, quien también señaló que la actividad minera requeriría grandes cantidades de agua para la extracción del oro y afectaría las fuentes hídricas disponibles.
El plantón fue convocado por el Comité Monseñor Romero en conmemoración de los 45 años del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, a través del cual se buscaría defender el derecho a la vida, recordando las enseñanzas del mártir salvadoreño.
El comité también mostró su respaldo a la reciente acción de la Conferencia Episcopal, que presentó ante la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de más de 500 iglesias del país para exigir la derogación de la normativa.
La Ley General de Minería Metálica, aprobada con votos del partido oficialista, derogó la normativa de 2017 que prohibía estas actividades extractivas.
La legislación actual faculta al Estado para regular y operar la extracción y procesamiento de minerales, prohíbe el uso de mercurio, pero permite su tratamiento cuando se genere en los procesos. La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas defendió la medida argumentando que se trata de una «ley ambientalmente amigable».
