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Por Redacción YSKL
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa ha emitido dictamen favorable para la iniciativa de la «Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de los Alimentos No Procesados de Origen Vegetal o Animal».
Esta propuesta, presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), establece regulaciones para todas las instituciones públicas y privadas involucradas en la producción, manejo y comercialización de productos de origen vegetal y animal.
El Superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, destacó la relevancia de la iniciativa, subrayando que «todos nos preocupa el tema de la agricultura» y reafirmó el compromiso de garantizar la soberanía alimentaria y el apoyo a los agricultores.
García señaló que la propuesta de ley es esencial para establecer «el andamiaje jurídico necesario» y garantizar una producción agrícola adecuada.
También enfatizó que tanto la Superintendencia de Regulación Sanitaria como el MAG tienen «competencias compartidas» en la inocuidad de los alimentos, lo que es crucial para asegurar cultivos de alto rendimiento.
El Superintendente también destacó la necesidad de un marco legal adecuado, mencionando que «en la ley vigente no hay preceptos que respalden esto», por lo que la nueva normativa se presenta como una solución ante esa laguna legal.
Además, el funcionario subrayó la importancia de las certificaciones en los procesos productivos, especialmente en relación con los tratados de libre comercio, como el acuerdo con Estados Unidos.
Una de las principales características de la propuesta de ley es el establecimiento de un sistema sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.
Las sanciones varían desde multas de cien hasta treinta mil salarios mínimos diarios del sector comercio, dependiendo de la gravedad de la falta.
Entre estos casos se detalla que las infracciones leves incluyen el reetiquetado de productos sin autorización, mientras que las más graves involucran la comercialización de productos contaminados o la obstrucción de inspecciones por parte del MAG.
El proyecto de ley también otorga al MAG la facultad de clausurar y decomisar productos en establecimientos que no cumplan con las regulaciones, y establece la obligación de informar al Ministerio sobre la presencia de plagas o enfermedades que puedan afectar la sanidad vegetal y animal.
El anteproyecto también incluye la derogatoria de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal de 1995 y establece que, a partir de enero de 2027, las competencias del MAG en relación con los alimentos para animales serán transferidas a la Superintendencia de Regulación Sanitaria.
