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Por Redacción YSKL
Alrededor de 6,889 denuncias de violaciones a los derechos humanos desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022 han sido registradas por organizaciones sociales, según el informe «Tres años de régimen de excepción: Tortura Sistemática en las cárceles de El Salvador».
De acuerdo con el documento, los principales señalamientos incluyen detenciones arbitrarias o ilegales, la falta de debido proceso y allanamientos de morada.
Según los datos recopilados, el 52% de las personas capturadas corresponden a hombres jóvenes entre los 19 y 30 años, mientras que el 75% de las detenciones ilegales han sido atribuidas a la Policía Nacional Civil.
Más de 85,000 personas han sido arrestadas en el marco del régimen.
«Es importante escuchar los testimonios, conocer las historias y mirar con ojos críticos de ciudadanía informada las diversas voces y afectaciones a la población», enfatizó la directora de Acceso a la Justicia de FESPAD, Dina Martínez, respecto a la gravedad de la situación.
Las organizaciones hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa a derogar el régimen de excepción y restablecer las garantías constitucionales.
También instaron a derogar las reformas en materia penal, penal juvenil y procesal penal, señalando que «son regresivas en derechos humanos y contravienen la Constitución, tratados internacionales y estándares de protección».
En cuanto a la Fiscalía General de la República, enfatizaron la necesidad de realizar investigaciones independientes sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos.
«Esa institución tiene la obligación de investigar de oficio cualquier posible delito cometido, principalmente si este es responsabilidad de algún ente del Estado», indicaron.
Asimismo, solicitaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos exigir el acceso a la justicia, protección y reparación integral a las víctimas, así como garantizar la no repetición de estas prácticas.
También exhortaron al órgano judicial a implementar un sistema que evite dilaciones indebidas y respete el debido proceso en las demandas de hábeas corpus, inconstitucionalidades y amparos presentados.
Respecto a la situación en los centros penitenciarios, señalaron la necesidad de identificar, investigar y sancionar a los responsables de violaciones a derechos humanos.
Además, destacaron la importancia de garantizar condiciones dignas de reclusión con acceso a alimentación, agua, aseo y medicamentos.
Las organizaciones pidieron al Estado salvadoreño «garantizar la reparación integral de las víctimas» y abrirse al diálogo con actores nacionales e internacionales para encontrar alternativas a las consecuencias del régimen de excepción.
También solicitaron a la Unión Europea y sus Estados miembros la creación de una comisión internacional que evalúe la situación de derechos humanos en el país.
