EE.UU. admite error en deportación de salvadoreño al CECOT

Por: Redacción YSKL.-

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reconoció que deportó erróneamente a un ciudadano salvadoreño, Kilmer Abrego-García, quien fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La expulsión ocurrió en el marco de un operativo de deportación sumaria que afectó a más de doscientos venezolanos y varias decenas de salvadoreños.

Abrego-García, residente del condado de Prince George, Maryland, fue acusado en 2019 de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) por un informante. Aunque inicialmente se ordenó su deportación, posteriormente un juez suspendió la orden tras su solicitud de asilo. Sin embargo, el pasado 12 de marzo fue detenido nuevamente y trasladado a un centro de detención en Texas, donde se le informó que su estatus había cambiado.

El 15 de marzo, Abrego-García fue deportado en uno de los vuelos que trasladaron a los migrantes a El Salvador, pese a que no estaba inicialmente en la lista de deportación. Según sus abogados, fue incluido como «suplente» tras la remoción de otros deportados por distintas razones.

En respuesta a la demanda interpuesta por la defensa, un funcionario de ICE admitió que la deportación de Abrego-García «fue un error», pero argumentó que se actuó de «buena fe» con base en la existencia de una orden final de deportación y la presunta vinculación del ciudadano con la MS-13. No obstante, la defensa sostiene que el Gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que demuestren la pertenencia de su cliente a la pandilla. ICE, por su parte, argumentó ante el juez que Abrego-García tuvo la oportunidad de demostrar su inocencia.

La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, permite al Gobierno de Estados Unidos deportar o detener a ciudadanos de países considerados hostiles en tiempos de guerra o conflicto. Aunque su aplicación ha sido limitada a lo largo de la historia, ha sido invocada en algunas ocasiones para justificar expulsiones rápidas de migrantes bajo el argumento de seguridad nacional.

En el caso reciente de deportaciones sumarias, se ha argumentado que esta normativa ha sido utilizada para facilitar la expulsión de individuos sin un proceso judicial exhaustivo. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado la aplicación de esta ley, señalando que puede derivar en violaciones al debido proceso y en errores como el cometido contra Kilmer Abrego-García.