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Por Redacción YSKL
El juez federal de distrito James Boasberg determinó que existen fundamentos suficientes para considerar que la administración del Presidente Donald Trump incurrió en desacato judicial al no cumplir una orden emitida el mes pasado.
La resolución instruía el retorno a Estados Unidos de dos vuelos que transportaban a más de 200 presuntos miembros del grupo Tren de Aragua y de la MS-13, hacia el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
Boasberg: “Una burla solemne de la Constitución”
En su resolución, Boasberg señaló que la «desobediencia deliberada de las órdenes judiciales» sin consecuencias representaría “una burla solemne de la propia Constitución”.
La administración había argumentado que actuó en el marco de la Ley de Enemigos Extranjeros, al calificar a la pandilla como un “estado criminal híbrido” que representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
No obstante, el magistrado recalcó que el gobierno ejecutó una “operación de deportación apresurada” entre el 15 y 16 de marzo, apenas unas horas después de que él emitiera una orden que bloqueaba esas deportaciones.
“Como se detallará en esta Opinión, el Tribunal determina en última instancia que las acciones del Gobierno ese día demuestran un desacato deliberado a su Orden”, afirmó Boasberg.
También enfatizó que otorgó al Ejecutivo “amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones”, sin obtener una respuesta satisfactoria.
Críticas a la respuesta del Gobierno
El Departamento de Justicia alegó que las instrucciones orales emitidas por el juez carecían de claridad, y que la orden escrita posterior no ofrecía fundamentos suficientes para su ejecución.
Sin embargo, Boasberg consideró que el Gobierno tuvo tres semanas para cumplir la medida mientras esta estuvo vigente, aunque la Corte Suprema posteriormente la anuló.
“La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder coordinado que han jurado cumplirla”, subrayó.
Sanciones pendientes y posibles medidas
Boasberg concedió a la administración un plazo de una semana para presentar una declaración que detalle las acciones emprendidas y las que se tomarán para cumplir su mandato.
Indicó que la forma más evidente de “purgar” el posible desacato sería “afirmar la custodia de las personas que fueron expulsadas en violación de la orden temporal de restricción colectiva del Tribunal”.
Posibles medidas de cumplimiento:
- Custodia de los expulsados para que puedan ejercer su derecho a un proceso de habeas corpus.
- Propuesta de otros métodos para alcanzar el cumplimiento de la orden.
- Posibilidad de nombrar un fiscal independiente si el gobierno no actúa conforme.
El juez advirtió que si las nuevas declaraciones son insatisfactorias, podría iniciar audiencias con testigos bajo juramento o considerar la designación de un abogado para procesar el desacato conforme a las Reglas Federales de Procedimiento Penal.
“El siguiente paso sería que el Tribunal… solicitara que el desacato fuera procesado por un abogado del gobierno… si el Gobierno declina… el Tribunal designará otro abogado”, agregó.
