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Por: Redacción YSKL
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, y otras cuatro personas, acusadas de los delitos apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social, negociación ilícita y actos arbitrarios.
Entre los imputados se encuentran Rut Raquel Aguilar de Montano, ex tesorera municipal; Francisco Antonio Henríquez Molina, exgerente financiero; y Salvador Orlando Montano Méndez, exdirector de asuntos estratégicos, quienes fueron declarados rebeldes por no comparecer al proceso.
Según la acusación fiscal, en 2022, trabajadores de la entonces Alcaldía Municipal de Soyapango, ahora San Salvador Este, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que no se les habían cancelado los salarios correspondientes a los meses de septiembre a diciembre, ni se habían trasferido las retenciones para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a algunos créditos ni a las cuotas sindicales.
Durante los alegatos iniciales, la representación fiscal indicó que, según lo investigado, la exalcaldesa Montano tenía conocimiento de la situación, ya que se llevaron a cabo al menos dos reuniones con empleados y con quienes ostentaban cargos de decisión dentro de la comuna, entre ellos los hoy imputados.
Asimismo, la FGR presentó un segundo caso acumulado al proceso, en el que se acusa a Montano y al imputado presente, Ricardo Arturo Roque Baires, en su calidad de representante legal de la sociedad Lex Support, por los delitos de negociaciones ilícitas y falsedad ideológica.
La Fiscalía alegó que el 15 de enero de 2023, una persona denunció hechos de corrupción cometidos por el abogado y notario Roque Baires, quien mantenía una relación de confianza con Montano.
La FGR sostiene que Roque Baires fue favorecido con $187 530.12 por la prestación de servicios profesionales para la recuperación de mora tributaria que su sociedad brindaba a la municipalidad.
El contrato fue considerado oneroso, ya que contemplaba el pago del 24.97% del monto recuperado.
