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Por: Redacción YSKL.-
Este lunes, en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, dio inicio la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar aproximadamente 5.6 millones de dólares. La mayoría de los imputados se presentó a la diligencia, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Entre los procesados también figuran René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exempleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), así como Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández, exempleados de la Corte de Cuentas de la República. Asimismo, enfrenta cargos Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Reyes.
La acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. El ministerio público ha solicitado que, en algunos casos, el delito de estafa agravada sea modificado a peculado, argumentando la naturaleza de los hechos; sin embargo, la defensa ha objetado esta petición, indicando que no todos los imputados ostentaban cargos públicos o tenían vínculos con entidades estatales.
La Fiscalía ha pedido al tribunal que se admitan al menos 115 pruebas testimoniales y periciales, las cuales en su momento fueron autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador. Entre estas evidencias destacan peritajes vinculados al análisis del valor de bienes inmuebles propiedad de los acusados y a la extracción de información de dispositivos electrónicos incautados durante la investigación.
La audiencia preliminar definirá si el caso continúa hacia la etapa de juicio, en la que se determinará la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que se les atribuyen. De ser hallados culpables, enfrentarían penas que incluyen años de prisión y posibles decomisos de bienes obtenidos ilícitamente, según lo planteado por la Fiscalía.
