Por: Redacción YSKL.-
Ha pasado un año desde que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Fiscalía General de la República (FGR) revelaran un presunto fraude de $35 millones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI). Sin embargo, para cientos de ahorrantes, el tiempo transcurrido solo ha profundizado su frustración por la falta de respuestas concretas, la lentitud en el proceso de devolución de fondos y el escaso acceso a información sobre el caso.
Julio Flores, presidente de la Directiva de Afectados COSAVI, encabezó el viernes una protesta frente a la única sucursal habilitada de la cooperativa en San Salvador. Ahí, reclamó a la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, por la demora en la restitución del dinero. Flores sostuvo que miles de personas llevan más de un año esperando por sus ahorros, muchos de ellos provenientes de pensiones y décadas de trabajo.
Dudas sobre el destino del dinero
Los manifestantes también cuestionan la versión oficial brindada por el fiscal general, Rodolfo Delgado, en mayo de 2024, cuando aseguró que parte de los fondos defraudados habían sido enviados a cuentas bancarias en Alemania y Estados Unidos. Según Flores, enviaron solicitudes de información a ambas embajadas, y la respuesta de la representación diplomática alemana fue contundente: no hay registro de ninguna solicitud oficial del gobierno salvadoreño para recuperar fondos en ese país.
Estas declaraciones alimentan las dudas de los afectados sobre el verdadero destino del dinero. Para ellos, no existe claridad ni pruebas que respalden la versión inicial del fiscal general. Esto ha incrementado la percepción de que hay elementos ocultos o manipulaciones en la gestión del caso.
Tanto Flores como otros voceros del grupo sostienen que la intervención de COSAVI estuvo motivada por intereses políticos. Aseguran que el partido oficialista habría utilizado los fondos de la cooperativa para financiar campañas electorales y que, con el control actual, buscan borrar pruebas. “Aquí lo que hubo fue intromisión política. Utilizaron nuestro dinero para campañas y ahora no nos quieren devolver ni la cooperativa ni los fondos”, afirmó Flores durante su intervención.
Según los afectados, el desmantelamiento de la estructura de la cooperativa y la falta de transparencia apuntan a una estrategia para encubrir irregularidades de figuras afines al gobierno. La falta de respaldo legislativo a iniciativas como la “Ley de creación del Fideicomiso en apoyo a los afectados de COSAVI”, presentada en septiembre de 2024, refuerza esa percepción.
Durante la protesta, los ahorrantes colocaron una corona floral en memoria de cinco personas fallecidas en el último año, quienes, aseguran, no lograron acceder a sus fondos y murieron sin atención médica adecuada. “¿Cuántos más deben morir para que nos devuelvan nuestro dinero?”, cuestionó Flores.
En abril de 2025, la SSF habilitó una capa para devolución de fondos de hasta $45,000, pero los afectados afirman que muchos tienen sumas superiores y siguen sin respuesta. Según estimaciones, al menos 10,000 personas resultaron perjudicadas con pérdidas que, en algunos casos, superarían el medio millón de dólares.
Caso en reserva y sin información nueva
Uno de los puntos más criticados por los afectados es la decisión de las autoridades de declarar el caso en reserva total por siete años. Desde noviembre de 2024, toda la documentación relacionada con COSAVI quedó fuera del acceso público, lo que ha generado mayor desconfianza y sensación de impunidad.
A pesar de la gravedad del caso, la SSF no ha anunciado nuevas medidas ni ampliaciones de devolución para montos superiores, y la FGR tampoco ha proporcionado actualizaciones relevantes.



















