Por: Redacción YSKL.-
Una investigación del Cato Institute, respaldada por reportajes de medios como CBS News, Bloomberg y The New York Times, ha revelado graves irregularidades en la detención y traslado de al menos 240 ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin cargos formales ni el debido proceso legal.
Los traslados ocurrieron el 15 de marzo y, poco después, CBS News publicó una lista parcial de los nombres de los hombres trasladados. De acuerdo con un análisis posterior de ese medio, al menos el 75 % no contaba con antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en el extranjero. Más preocupante aún, docenas de ellos habrían ingresado al país de forma legal, amparados por programas migratorios oficiales como el CBP One, visas temporales, permisos humanitarios o incluso el Programa de Refugiados del gobierno estadounidense.
Pese a ello, fueron detenidos y enviados a la prisión Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador —reconocida por denuncias de tortura y condiciones inhumanas— sin notificación previa a sus familias, sin acceso a abogados, sin posibilidad de comunicarse con el exterior y sin que se les informara de los cargos en su contra.
Sin transparencia ni pruebas claras
El gobierno estadounidense se ha negado a publicar una lista oficial de los deportados, ni a confirmar la autenticidad de la lista filtrada por CBS News. Tampoco ha explicado por qué fueron seleccionados para su traslado a una cárcel extranjera. En varios casos documentados, incluso mintió a las familias sobre el paradero de sus seres queridos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estos hombres estarían vinculados al grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelan que las pruebas presentadas se basan en criterios dudosos, como tatuajes que no tienen conexión confirmada con pandillas, incluyendo imágenes genéricas como rosas, coronas, logotipos de marcas, o incluso motivos musicales y deportivos.
Los propios archivos del DHS muestran que las imágenes usadas para identificar a supuestos miembros del Tren de Aragua fueron tomadas de redes sociales ajenas al contexto venezolano. Ejemplos incluyen un tatuaje del logo de Jordan sacado de una cuenta de fans de Michael Jordan y un AK-47 tatuado, copiado de la página de un tatuador en Turquía.
Sin derecho a defensa
Para al menos 42 de los detenidos, la acusación de pertenencia a una pandilla se fundamentó exclusivamente en estos tatuajes y sin necesidad de que existieran antecedentes penales, arrestos ni testimonios directos. Ninguno de los implicados ha sido formalmente acusado en Estados Unidos, y muchos fueron detenidos justo en el punto de entrada, donde se presentaron con cita previa autorizada.
En consecuencia, activistas y juristas como Ilya Somin, del Cato Institute, sostienen que se ha cometido una grave violación al derecho constitucional al debido proceso. “Toda persona tiene derecho a ser escuchada antes de ser privada de libertad, independientemente de cómo haya ingresado al país”, declaró Somin.
Impacto humano y legal
La mayoría de los trasladados eran trabajadores: albañiles, mecánicos, cocineros, entrenadores deportivos. Muchos son padres de familia. En total, al menos 44 niños quedaron desamparados tras estas detenciones. Decenas de madres han recurrido a redes sociales para pedir información sobre el paradero de sus hijos. Una carta firmada por más de 100 familiares fue enviada al presidente salvadoreño Nayib Bukele, pero sin respuesta concreta ni mención de los casos individuales.
De acuerdo con Cato, este tipo de acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al desaparecer personas sin notificación ni procesos legales. Más aún, el gobierno estadounidense estaría financiando su encarcelamiento en El Salvador.
Consecuencias y advertencias
Para analistas de derechos humanos, este caso pone en riesgo la credibilidad de los programas legales de inmigración de Estados Unidos. La percepción de que incluso los migrantes legales pueden ser detenidos arbitrariamente y enviados al extranjero sin derecho a defensa puede disuadir a potenciales solicitantes de buscar refugio en el país.
A falta de mayor transparencia oficial, las pruebas siguen siendo recopiladas por familiares, abogados, medios de comunicación y organizaciones como Cato. Sin acceso directo a los detenidos ni informes oficiales del DHS, la comunidad internacional exige explicaciones y la restitución de las garantías constitucionales mínimas.
