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Por Redacción YSKL
Organizaciones de la sociedad civil expresaron este miércoles su rechazo a la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, argumentando que la normativa representa un retroceso en materia de libertades fundamentales y pone en riesgo el trabajo que realizan en beneficio de comunidades vulnerables.
Durante una conferencia, Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, cuestionó los argumentos del Gobierno y de la Asamblea Legislativa sobre la supuesta falta de transparencia de las organizaciones.
Escobar afirmó que las ONG están sujetas a múltiples mecanismos de control, como auditorías externas anuales, registros bancarios y reportes financieros que se entregan al Ministerio de Gobernación.
Además, señaló que algunos donantes, como el Gobierno de Estados Unidos, mantienen convenios de cooperación con el Estado salvadoreño, por lo que ya existe conocimiento sobre los fondos que reciben.
“Nosotros estamos sumamente auditados”, sostuvo Escobar, quien también instó a las autoridades a revelar el origen de los fondos con los que financian campañas políticas y ejecutar con transparencia los recursos públicos.
Por su parte, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), aseguró que la aprobación de esta ley forma parte de una escalada de acciones contra las personas defensoras de derechos humanos.
Señaló que distintos sectores, como ambientalistas, feministas, sindicalistas y organizaciones internacionales, consideran que se está profundizando el cierre del espacio cívico.
“Defender derechos no es delito”, expresó.
En un pronunciamiento conjunto, más de una decena de organizaciones nacionales e internacionales denunciaron un contexto de persecución y criminalización contra líderes comunitarios y defensores.
Afirmaron que la nueva normativa podría habilitar sanciones discrecionales, cancelar personerías jurídicas y establecer un impuesto del 30% sobre donaciones y transferencias, lo cual afectaría directamente la continuidad de programas sociales y de asistencia humanitaria.
El comunicado también señala que la ley podría contravenir convenios internacionales de derechos humanos, al restringir la libertad de asociación y dificultar el acceso a financiamiento.
Por ello, exigieron su veto o derogación, así como la liberación de personas defensoras detenidas y la suspensión de procesos judiciales sin fundamento.
La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada por la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite y establece la creación del Registro de Agentes Extranjeros, a cargo del Ministerio de Gobernación.
Este registro será obligatorio para personas y entidades que reciban financiamiento del extranjero, incluidas asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
La normativa también contempla sanciones de hasta $250,000 y prevé la posibilidad de suspensión o cancelación del registro en caso de incumplimientos.
Según el decreto legislativo, el objetivo de la ley es garantizar la transparencia en el uso de fondos provenientes del exterior y proteger la seguridad y estabilidad nacional.
