Por: Redacción YSKL
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con la aplicación de la detención provisional contra siete de las 19 personas acusadas del delito de estafa agravada en perjuicio patrimonial de 59 víctimas.
Para las otras 12 personas procesadas en ausencia, el juzgado ordenó instrucción sin la imposición de medidas cautelares, ya que deben agotarse las vías de localización y notificación correspondientes.
Los imputados presentes fueron identificados como Keyla Mariam Castillo Campos, Priscila Sanabria Cuello (de nacionalidad colombiana), David Alberto Garay Mendoza (venezolano) y los salvadoreños Diana Carolina Solano Almendrales, Carlos Humberto Rosales Palma, Sergio Gabriel Peña Rivas y Bernardo Alexander Pleitez Cruz.
Según el requerimiento fiscal, desde 2021 la Defensoría del Consumidor comenzó a recibir
múltiples reclamos de personas que manifestaban haber sido víctimas de estafa tras adquirir membresías falsas ofrecidas por dos sociedades: Dreams Productions, S. A. de C. V., bajo las marcas comerciales de Health Solutions y Priority Service S. A. de C. V.
Las supuestas membresías incluían servicios o programas como desinfección de áreas residenciales o comerciales, gimnasia, transporte turístico, seguros médicos y vehiculares, paquetes turísticos todo incluidos, cruceros, renta de vehículos, excursiones y hasta servicios de funeraria.
Según los relatos de las víctimas, el modus operandis consistía en contactarlas telefónicamente o de forma presencial para invitarlas a almuerzos o cenas gratuitas en restaurantes reconocidos de San Salvador. Una vez en el lugar, eran abordadas por representantes de dichas sociedades, quienes les ofrecían las membresías y les solicitaban la firma de contratos por montos que oscilaban entre los $300 y $4,000. En algunos casos, incluso se realizaron cargos no autorizados a sus tarjetas.
La juzgadora resolvió que existen suficientes elementos indiciarios para establecer la apariencia de buen derecho en cuanto a la existencia del delito y la posible participación de los procesados, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción.
