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Por: Redacción YSKL.-
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, junto a familiares de uno de los imputados en el caso Santa Marta, presentaron este martes un escrito ante la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
La petición busca que se investigue al juez Hugo Banzer Flores Alas, actual presidente del Tribunal de Sentencia de San Vicente, por presuntos vínculos con la extinta Guardia Nacional durante el pasado conflicto armado salvadoreño.
Milton Rivas, hijo de Pedro Rivas, uno de los ocho procesados, explicó que la solicitud surge tras conocer publicaciones periodísticas y contenido en redes sociales donde se señala que el juez habría formado parte de dicho cuerpo de seguridad pública.
“Nosotros como familiares, en este día vamos a presentar un escrito a la sección de investigación de la Corte Suprema para que investigue al juez que lleva el caso de los ambientalistas y de nuestro familiar, para que revise si de verdad tuvo implicaciones durante el conflicto armado como parte o miembro activo de la Guardia Nacional”, declaró.
Rivas señaló que, de confirmarse esa vinculación, el juez debería ser apartado del proceso, ya que se trataría de un conflicto de interés. “Si eso es así, debe de ser corroborado y apartado del caso, porque esto genera un conflicto de interés, ya que lo haría juez y parte en esta investigación, y podría tener hasta cierto punto un anticipo de juicio”, agregó.
Además, calificó esta situación como uno más de los atropellos que, según él, han marcado el caso desde la captura de los excombatientes.
Por su parte, Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal, organización que acompaña a los familiares, respaldó la denuncia al señalar que el proceso judicial ha estado marcado por retrasos y acciones que buscan mantener criminalizados a los líderes ambientales.
“Como Tutela Legal acompañamos esta denuncia a los familiares de los líderes ambientalistas. En este caso evidentemente ha habido atropellos y dilaciones con el fin de tenerlos criminalizados”, afirmó Díaz. También subrayó que los jueces deben actuar con imparcialidad, como lo establece el artículo 172 de la Constitución. “Hay conflicto de interés, hay falta a la ética de una persona que es el presidente de ese tribunal. Este conflicto puede generar ese interés, porque el juez, según publicaciones, fue parte de un cuerpo beligerante en la guerra como fue la Guardia Nacional, contrario a la organización a la que pertenecieron los procesados”, añadió.
El caso Santa Marta involucra a ocho excombatientes de la antigua Resistencia Nacional, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido presuntamente el 22 de agosto de 1989. Aunque en octubre de 2024 el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque resolvió absolver a los imputados, una apelación de la Fiscalía llevó a que la Cámara de lo Penal de Cojutepeque ordenara la repetición del juicio, el cual ha sido suspendido en tres ocasiones por la carga laboral del tribunal.
El juicio repetido está programado para el próximo 3 de junio de 2025. En abril pasado, seis de los acusados fueron declarados en rebeldía, luego de que se agotaran todos los mecanismos legales de notificación con el fin que asistieran a la audiencia.
Los familiares y organizaciones sociales insisten en que el proceso judicial en su contra es una represalia por su trabajo comunitario y ambientalista, particularmente por su oposición a proyectos de minería metálica en el departamento de Cabañas.
