Reforman Ley de Delitos Informáticos para que empresas afectadas por fraudes puedan ser reconocidas como víctimas

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, con el objetivo de permitir que no solo los propietarios de datos, sino también quienes los controlan, custodian o procesan, puedan ser considerados víctimas en casos de fraude informático.

La medida busca cerrar vacíos legales que, según representantes del sector privado, han impedido una persecución efectiva de estos delitos.

Reconocimiento legal de los actores en la cadena de datos

Las reformas incorporan definiciones clave como propietario, custodio, controlador y procesador de datos, así como metadatos, dentro del artículo 13 de la ley.

Además, el artículo 11 fue modificado para castigar con hasta 12 años de prisión a quienes, teniendo acceso legítimo a sistemas informáticos, extraigan o manipulen datos con fines ilícitos, incluso si no son los titulares de la información.

Héctor Cuchilla, presidente de Ciberseguridad de la Cámara Americana de Comercio (AmCham), explicó que con los cambios se busca subsanar una debilidad legal.

“Queremos que todos los actores de la cadena de valor puedan manifestarse como víctimas”, dijo, en referencia a los procesadores y controladores de datos que actualmente no pueden iniciar acciones penales.

Modalidades de fraude identificadas por la industria:

• Perfilación de cuentas de alto perfil.
• Extracción y venta de datos confidenciales.
• Manipulación de registros para borrar factores de seguridad.
• Generación de datos falsos para obtener comisiones.
• Desvío de fondos con fines delictivos (drogas, armas, trata de personas).

Riesgo de impunidad en casos de filtración

El problema radica en que las denuncias solo pueden ser interpuestas por el propietario de los datos, quien muchas veces reside en el extranjero, según Cuchilla.

“Esto genera una cadena de afectación”, sostuvo, detallando cómo el fraude termina perjudicando a los clientes, las empresas contratantes y los centros de contacto.

También advirtió que estas prácticas pueden afectar a distintos sectores como gimnasios, ferreterías, bancos y supermercados que almacenan datos personales de sus usuarios.

“Esta empresa cede su base de datos (…) y el problema que estamos notando es que hay sindicatos de crimen organizado que buscan a los colaboradores de los centros de contacto”, dijo.

Garantías para la inversión

Sergio Campos, coordinador general de AmCham, sostuvo que la reforma se respalda en un análisis técnico-jurídico que identificó una “laguna jurídica” para judicializar estos delitos.

Aclaró que la reforma no busca coartar derechos fundamentales: “No tiene nada que ver con un tema de coartar la libertad de expresión o cualquier tema de libertad individual”, afirmó.

Según Campos, la nueva legislación busca brindar seguridad jurídica para que las empresas “tengan ese respaldo (…) para poder expandir sus negocios e invertir en el país”.

El decreto entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.