Fundación El Amparo denunciará ante instancias internacionales detención de venezolanos en el CECOT

Por: Redacción YSKL.-

La Fundación El Amparo, en conjunto con familiares de 10 ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), anunció que llevará los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitará medidas cautelares para más de 250 venezolanos deportados a El Salvador desde Estados Unidos entre el 15 y 31 de marzo de 2025.

Según explicó Walter Márquez, director de la organización, los venezolanos fueron trasladados al CECOT sin que se les abriera un proceso penal que comprobara su presunta vinculación con el grupo criminal Tren de Aragua. La fundación asegura que las deportaciones han dado lugar a violaciones graves de derechos humanos, incluyendo desaparición forzada, persecución por motivos de nacionalidad, tratos crueles e inhumanos y posibles actos de tortura.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Hernández Romero, quien, según Márquez, habría sido víctima de agresiones físicas y humillaciones por parte del personal del centro penitenciario. La organización exigió que se investigue el trato recibido por los venezolanos bajo custodia estatal y calificó las condiciones de reclusión en el CECOT como parte de un crimen de exterminio.

Además de acudir a la CIDH, la Fundación El Amparo anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), señalando directamente al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y a otros funcionarios por su presunta responsabilidad en detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad.

Las deportaciones ocurrieron en el marco de un acuerdo bilateral entre El Salvador y Estados Unidos, según reveló una investigación publicada por la agencia Associated Press. El informe sostiene que el gobierno salvadoreño recibe $20,000 por cada reo venezolano internado en el CECOT, con un pago proyectado de $6 millones por parte de la administración del expresidente Donald Trump durante 2025.

Los representantes legales y familiares de los detenidos exigen el respeto al debido proceso y la liberación inmediata de los venezolanos, señalando que la mayoría fueron deportados por razones migratorias y no por actividades delictivas comprobadas.