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Por Redacción YSKL
El Ministerio de Desarrollo Local presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Desarrollo Social que busca atacar las causas estructurales de la pobreza multidimensional, reducir la desigualdad y desintegración social, y garantizar el acceso universal a derechos sociales fundamentales.
El anteproyecto establece como objetivos “combatir las causas estructurales de la pobreza multidimensional, reducir la desintegración social, la desigualdad social y garantizar el acceso universal a derechos sociales fundamentales”, mediante la integración y superación de privaciones identificadas por la medición multidimensional de la pobreza.
También busca diseñar e implementar la política social y el plan nacional de desarrollo y protección social, creando un sistema nacional para coordinar las instituciones relacionadas con el desarrollo social.
Se establece que la ley será aplicable a personas naturales y jurídicas, así como a instituciones públicas y gobiernos municipales con funciones vinculadas al desarrollo social, “para unificar esfuerzos y hacer un uso eficiente de los recursos”.
La propuesta de normativa contempla también la «inversión social», que serían los recursos que el Órgano Ejecutivo y las municipalidades destinarán al desarrollo, protección y promoción de la igualdad y equidad social a través de instituciones estatales. Para ello, se establecerá una partida presupuestaria específica.
Creación de la Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social
El anteproyecto propone la creación de la Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS), una entidad autónoma con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestaria.
La DPS será la institución rectora encargada de diseñar, dirigir, coordinar y vigilar la política y el plan nacional de desarrollo y protección social.
Entre sus atribuciones destacan:
- Elaborar la propuesta de política y plan de desarrollo aplicando evidencia científica.
- Proponer prioridades presupuestarias y coordinar con las instancias involucradas para garantizar la ejecución del plan.
- Coordinar la correcta ejecución de programas y proyectos sociales, monitorear y evaluar resultados.
- Gestionar recursos internacionales y promover participación y diálogo social.
- Administrar el Registro Social, que contendrá información sobre condiciones de vida e ingresos de las familias beneficiarias.
Consejo Directivo y sistema nacional
El Consejo Directivo de la DPS será designado por el presidente de la República y estará integrado por representantes de entidades clave como el Ministerio de Educación, Salud, Desarrollo Local, y otros institutos y consejos vinculados a la infancia, veteranos militares, integración social y desarrollo.
Se prevé crear el Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social, que funcionará como un mecanismo de coordinación entre entidades públicas responsables de ejecutar programas sociales, con el fin de garantizar el desarrollo social, integración, igualdad en el acceso a beneficios y la superación de la pobreza multidimensional.
Entidades que conformarán el Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social
Más de 20 instituciones públicas y entidades gubernamentales conformarán el Sistema, siendo algunos de ellos la Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social; los ministerio de Educación (MINED), Salud (MINSAL), Trabajo, Vivienda, Agricultura y Ganadería (MAG), Cultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Economía, Hacienda, Gobernación, y Desarrollo Local.
También se menciona al Instituto Crecer Juntos, Instituto Nacional de Pensiones, la Dirección de Integración, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), el Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de Veteranos Militares y excombatientes, la Oficina Nacional de Estadística y Censos, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, el Consejo Nacional para el Desarrollo, entre otros.
Cabe resaltar que se puede incorporar a otras entidades relacionadas convocadas por la Dirección.
El documento también detalla que el Sistema Nacional será un instrumento para superar la pobreza con un enfoque basado en derechos humanos.
La medición multidimensional de la pobreza tendrá por finalidad generar información confiable para identificar brechas de desigualdad y orientar políticas públicas.
La medición multidimensional de la pobreza incluirá al menos las dimensiones de ingreso per cápita, alimentación, educación, salud, empleo, seguridad social, vivienda y servicios básicos. Además, se realizarán mediciones territoriales para priorizar la atención a municipios y distritos según sus necesidades.
La medición de la pobreza será anual, mientras que la medición territorial y de brechas de desigualdad se actualizará cada dos años.
La Dirección Nacional contará con una instancia de asesoría técnica para revisar y actualizar la metodología de medición, en coordinación con la Oficina Nacional de Estadística y Censos, responsable de elaborar informes periódicos. La información será protegida con estricta confidencialidad y podrá ser objeto de convenios interinstitucionales para garantizar su uso adecuado.
Registro Social y colaboración interinstitucional
Se crearía un Registro Social para recopilar información sobre las condiciones de vida e ingresos de las familias, que permitirá identificar a los beneficiarios de programas sociales.
Este registro sería administrado por la Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social, con acceso coordinado a las bases de datos de las instituciones que integran el sistema, garantizando la protección de datos conforme a la ley.
Contexto legal y necesidad de la nueva ley
El anteproyecto señala que la Ley de Desarrollo y Protección Social vigente desde 2014 no responde a las necesidades actuales, por lo que se considera “imperante” crear un nuevo marco legal que permita la articulación efectiva de las instituciones y la actualización de programas sociales para atender a los sectores más vulnerables.
Este proyecto espera facilitar la coordinación de políticas y recursos públicos orientados a mejorar las condiciones sociales y avanzar en la reducción de la pobreza multidimensional en El Salvador.
