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Por: Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) ha formalizado este sábado la acusación penal contra el constitucionalista Enrique Anaya, quien se encuentra bajo detención provisional desde el 7 de junio. El requerimiento fiscal imputa a Anaya el delito de lavado de dinero y activos.
La audiencia inicial ha sido calendarizada para el próximo martes por la mañana en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, instancia judicial que conocerá el caso en esta etapa preliminar.
Según lo informado por el abogado defensor, Jaime Quintanilla, el proceso ha sido declarado bajo reserva judicial, lo que restringe la divulgación de los detalles específicos contenidos en el requerimiento fiscal. No obstante, la defensa confirmó que la tipificación penal que sustenta la acusación se mantiene en el delito de lavado de dinero. Asimismo, se aclaró que el presente proceso no ha sido remitido a un tribunal especializado en la materia, a diferencia de otros casos de similar naturaleza.
La representación legal de Anaya ha argumentado que la privación de libertad de su cliente se efectuó sin la existencia de una orden judicial previa. Adicionalmente, han manifestado que durante las primeras 48 horas posteriores a la aprehensión, se desconoció el paradero del jurista, situación que motivó la interposición de una denuncia por desaparición forzada de corta duración.
La defensa también ha expresado su inquietud respecto al estado de salud del constitucionalista, quien padece una condición médica crónica. En virtud de ello, se ha elevado una solicitud a las autoridades para que se asegure la atención médica especializada necesaria durante el período de su reclusión.
Cabe señalar que el pasado 20 de junio, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de habeas corpus presentado a favor de Anaya. La Sala identificó una posible vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y a una defensa técnica adecuada. Además, la resolución judicial de la Sala dispuso que las personas privadas de libertad deben ser presentadas ante la autoridad judicial competente en un plazo razonable, sin que sea imperativo agotar el límite máximo de quince días.
Con la próxima celebración de la audiencia, la defensa confía en que el juzgado realice una valoración exhaustiva de las circunstancias que han rodeado el desarrollo del proceso y que se garanticen plenamente los derechos y garantías constitucionales de su representado.
De acuerdo con lo señalado por sus abogados, Anaya permanece recluido en las instalaciones de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil.
