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Por Redacción YSKL
Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa prorrogó por tres años la vigencia de la Ley Especial Transitoria que establece un procedimiento legal especial para las víctimas y familiares de las masacres de El Mozote y zonas aledañas.
Complejidad y necesidad de prórroga
La extensión del plazo responde a la “casuística” compleja que ha surgido durante la ejecución de la ley, debido a:
- Dificultades geográficas y de acceso al área.
- Condiciones sociales y culturales particulares de las comunidades afectadas.
- La complejidad genealógica, con casos que han derivado en múltiples procesos.
- La destrucción de archivos y registros municipales, dificultando la obtención de documentos.
“Los casos prácticamente se han duplicado y la complejidad jurídica se mantiene, por eso pedimos tres años más, porque necesitamos terminar lo que empezamos”, señaló Andrés Alejandro Amador, coordinador del Registro Único de Víctimas de El Mozote (RUV).
Reforma propuesta y facilidades administrativas
El proyecto presentado por el Ministerio de Gobernación incluye la posibilidad de que las publicaciones de edictos, necesarias durante los trámites, se realicen no solo en diarios de circulación nacional sino también en el Diario Oficial, si así lo decide el interesado, con el fin de agilizar el proceso.
La ley aplica exclusivamente a las víctimas y personas con interés legítimo vinculadas a las masacres de El Mozote y áreas cercanas, y busca facilitar su incorporación al Registro Único de Víctimas, lo que les permite acceder a las indemnizaciones reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta normativa especial establece un procedimiento expedito para que las víctimas puedan legalizar su estado familiar, filiación, nacimiento o muerte, incluyendo la rectificación de partidas en los registros civiles municipales.
La reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Funcionalidad y articulación del decreto
El decreto vigente ha demostrado ser efectivo gracias a dos aspectos fundamentales: “La facilidad en las pruebas que se presentan en la jurisdicción voluntaria especial” y el trabajo articulado entre diversas instituciones, explicó el coordinador del Registro Único de Víctimas de El Mozote (RUV).
El decreto crea una estructura de jurisdicción voluntaria especial que facilita procesos notariales como el establecimiento de estados familiares, filiación, nacimientos, muertes y declaraciones retroactivas de unión no matrimonial.
Esta modalidad permite el uso de declaraciones juradas de “referentes históricos”, personas cercanas y conocedoras del contexto, en lugar de pruebas complejas.
Además, Amador destacó la coordinación entre el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional de Personas Naturales y la Corte Suprema de Justicia para asegurar la correcta aplicación del procedimiento.
