![Radio Cadena YSKL 104.1 FM - 770 AM](https://radioyskl.com/wp-content/uploads/2019/04/yskl.png "YSKL \")
Por: Redacción YSKL.-
Ayer martes concluyó la audiencia de vista pública contra 251 personas acusadas de integrar la estructura criminal Tecla Locos Salvatruchos, vinculada a la Mara Salvatrucha (MS-13), que operaba en diversas zonas del departamento de La Libertad. La Fiscalía General de la República les atribuye 235 delitos cometidos entre 2014 y 2022, incluyendo homicidios, desapariciones y extorsiones.
El juicio, que se desarrolló en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, abarcó hechos cometidos en distritos de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán. Según la Fiscalía, entre los casos más graves está la desaparición y homicidio de los hermanos Guerrero Toledo y de la futbolista Claudia Jimena Granados, quienes fueron localizados en fosas clandestinas en diciembre de 2021.
Entre los delitos atribuidos a los imputados se encuentran 42 homicidios, la desaparición de al menos 20 personas, dos feminicidios y más de 80 casos de extorsión, además de otros crímenes relacionados con la actividad pandilleril en la zona. La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que, a su juicio, demuestran la participación de los procesados en estos hechos.
El abogado defensor particular de uno de los imputados explicó que su cliente enfrenta cargos menores en comparación con otros acusados. «En este caso, pues, podemos verificar que hemos pasado dos meses. Dos meses en donde se ha visto prueba documental, prueba pericial, prueba testimonial. Y en este caso, aunque existe reserva absoluta, dentro de lo que la ley nos permite, puedo decir que se han abordado delitos en todo el departamento de La Libertad, incluyendo Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán», expresó.
El defensor también reconoció la metodología de la Fiscalía: «Han hecho un trabajo bastante ordenado, presentando pruebas documentales e interrogando a personas relacionadas con las investigaciones. Eso ahora queda a valoración de la jueza para que tome una decisión sobre las solicitudes planteadas», afirmó.
Sobre la situación específica de su cliente, el abogado detalló que la acusación es por proposición y conspiración en tráfico ilícito. «En realidad, es una conspiración, según lo manifestado por los fiscales, que puede conllevar una pena de seis meses a dos años de prisión. Mi cliente es de las personas menos involucradas en los hechos delictivos. Es un gerente de una sociedad y no se le ha vinculado con agrupaciones ilícitas ni con pandillas», sostuvo.
Además, el abogado argumentó que los testigos no aportaron pruebas concluyentes contra su defendido. «Nosotros esperamos un buen resultado debido a que las personas que se interrogaron no hicieron los seguimientos como correspondía y, además, nunca sorprendieron a mi representado cometiendo algún ilícito», enfatizó.
Tras dos meses de audiencia, las partes presentaron una amplia cantidad de pruebas documentales, periciales y testimoniales. La jueza del caso deberá ahora valorar todos los elementos expuestos y emitir un fallo, el cual está programado para finales del mes de octubre.
