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Por Redacción YSKL
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves una ley especial transitoria, la cual tiene por objetivo reforzar la vigilancia estatal sobre la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo.
La iniciativa aprobada con dispensa de trámite, estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.
La normativa establece nuevas obligaciones para distribuidores y comercializadores de estos productos, así como sanciones en caso de incumplimiento.
Verificaciones inmediatas y control sobre precios
La normativa otorga facultades a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para realizar inspecciones inmediatas, con un tiempo de espera máximo de 15 minutos, y verificar el cumplimiento de estándares técnicos, volúmenes y precios establecidos.
La Dirección también podrá detener vehículos de transporte mientras se llevan a cabo inspecciones.
Los responsables deberán “permitir y facilitar de manera inmediata” el acceso del personal autorizado a instalaciones, productos y documentación, según lo establece la ley.
Obligaciones clave para actores del sector
Las personas naturales o jurídicas que participen en actividades de depósito, transporte, distribución o comercialización de productos derivados del petróleo deberán:
- Cumplir con normas técnicas nacionales y centroamericanas sobre calidad y cantidad.
- Garantizar el peso exacto del gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros portátiles.
- Respetar los precios máximos fijados por la Dirección.
- Excluir del precio de los combustibles automotrices ciertos cargos suspendidos por decretos legislativos vigentes desde 2022.
Multas que oscilan entre $500 y $100,000
Las sanciones administrativas dependerán de la infracción cometida.
El incumplimiento de la obligación de permitir inspecciones y el cobro indebido del GLP serán sancionados con multas de entre $500 y $10,000.
Otras faltas, como incumplir los estándares técnicos o alterar el contenido del producto, conllevarán sanciones más altas, que van desde $10,000 hasta $100,000.
Tipificación penal y especialidad de la ley
Además de las sanciones administrativas, la normativa establece que ciertas infracciones también podrán ser procesadas penalmente si se consideran delitos conforme al Código Penal.
Estas acciones pueden encuadrarse dentro de los delitos “relativos al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor”.
La ley tendrá prevalencia sobre cualquier otra normativa relacionada con el sector durante su vigencia, según lo establece su disposición de especialidad.
Contexto de la medida
La aprobación de esta normativa ocurre en el contexto de la coyuntura internacional marcada por el conflicto entre Israel e Irán, que ha provocado aumentos en los precios internacionales del petróleo.
Según el decreto, la medida busca “evitar abusos en la distribución y comercialización” y asegurar el cumplimiento de las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo.
