Vivienda propone centralizar permisos para obras de telecomunicaciones y proyectos de interés social

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Por Redacción YSKL

El Ministerio de Vivienda presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de disposiciones especiales con las que busca asumir la competencia para otorgar trámites y permisos relacionados con la instalación de infraestructura pasiva de telecomunicaciones y con proyectos de construcción, especialmente aquellos clasificados como de interés social o desarrollados en zonas donde las municipalidades carezcan de capacidades técnicas.

La iniciativa establece que el Ministerio de Vivienda será la única entidad autorizada para emitir permisos de construcción e instalación de infraestructura pasiva destinada al servicio público de telecomunicaciones, como torres, monopolos y otras estructuras verticales.

“Ninguna institución pública podrá requerir otras autorizaciones”, salvo que se trate de construcciones en bienes municipales o lo solicite expresamente el ministerio, según el documento.

También se contempla que, si se ejecutan obras sin el permiso correspondiente, la cartera de Estado podrá suspenderlas y ordenar su retiro inmediato, además de aplicar sanciones.

Proyectos de interés social y construcciones pequeñas

La propuesta incluye competencias adicionales para el Ministerio de Vivienda en relación con proyectos de interés social y construcciones de pequeña escala, cuando las autoridades locales no puedan gestionarlos por falta de capacidad técnica.

Entre las atribuciones que asumiría el ministerio se encuentran la calificación de lugar, la línea de construcción, permisos de parcelación, y la recepción de obras.

“Los proyectos calificados de interés social pagarán el veinticinco por ciento de las tasas registrales”, indica el artículo 7, y estarán exentos de presentar solvencias municipales para su inscripción.

Sobre infraestructura pasiva de telecomunicaciones

  • Solo el Ministerio de Vivienda podrá emitir el permiso requerido para su instalación.
  • Las municipalidades no podrán cobrar tasas adicionales, salvo en bienes municipales.
  • Iniciar obras sin permiso será considerado infracción muy grave.
  • El incumplimiento puede derivar en suspensión, desmontaje o demolición.

Régimen sancionador y regularización

Las infracciones a estas disposiciones se clasificarían como graves o muy graves.

Por ejemplo, iniciar obras sin permiso en proyectos de interés social o de infraestructura pasiva se considera una falta muy grave. Estas podrán ser sancionadas con multas de hasta el 10 % del valor del terreno y de la obra.

Las personas que hayan construido sin autorización deberán someterse a los trámites omitidos para regularizar sus proyectos. Si no cumplen con los requisitos legales o técnicos, se podrá ordenar la demolición.

“El Ministerio de Vivienda emitirá resolución indicando que la situación de la obra o proyecto es conforme al ordenamiento jurídico”, establece el artículo 14, tras finalizar el proceso de regularización.

Aplicación y vigencia

Estas disposiciones especiales tendrían aplicación nacional y serían obligatorias para cualquier persona natural o jurídica que requiera permisos incluidos en la propuesta.

Además, prevalecerían sobre otras leyes generales o especiales, incluidas normativas tributarias municipales.

El decreto entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.