Exministro Atilio Benítez acuerda procedimiento abreviado en caso relacionado a armas de fuego

Por: Redacción YSKL.-

Durante el desarrollo de la audiencia de vista pública contra el exministro de Defensa, José Atilio Benítez, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador avaló un procedimiento abreviado como salida alterna al proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República. Benítez enfrenta cargos por los delitos de comercio y depósito ilegal de armas de fuego, actos arbitrarios, estafa agravada y peculado.

Como parte del acuerdo, el exfuncionario admitió responsabilidad en dos de los cinco delitos que se le imputaban. Por actos arbitrarios fue condenado a un año y cuatro meses, mientras que por comercio y depósito ilegal de armas de fuego recibió una condena de un año con ocho meses, ambas penas excarcelables. Al mismo tiempo, el Ministerio Público solicitó al tribunal el sobreseimiento definitivo por los delitos de estafa agravada y peculado, al no contar con los elementos probatorios suficientes para sostener la acusación.

En su declaración, Benítez confesó que “valiéndome de mi cargo autoricé se matricularan a mi nombre 21 armas”, y reconoció haber utilizado un decreto transitorio ya vencido para dicho trámite. Las órdenes habrían sido giradas a un coronel que luego se convirtió en testigo criteriado. El testimonio anticipado de este militar fue reproducido en la audiencia del martes como parte del desarrollo probatorio del juicio.

A pesar de la confesión y del procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa, el tribunal ordenó continuar con el desarrollo del juicio bajo las normas establecidas. Esto implica la reproducción completa de las pruebas testimoniales, periciales y documentales previstas en el proceso, antes de emitir un fallo final.

El caso ha generado atención por tratarse de un ex alto funcionario que, según la Fiscalía, habría utilizado su cargo para legalizar armas que luego fueron vendidas o donadas, aunque finalmente no se pudo comprobar que dichas armas fueran propiedad del Estado, lo que motivó el sobreseimiento por el delito de peculado.