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Por Redacción YSKL
La American Bar Association (ABA) otorgará el Premio Internacional de Derechos Humanos 2025 a la abogada salvadoreña Ruth Eleonora López por su trabajo en defensa del estado de derecho, la transparencia pública y los derechos fundamentales en El Salvador.
La organización destacó su liderazgo y perseverancia en contextos de alto riesgo, al señalar que “la valentía de la Sra. López personifica el verdadero heroísmo”.
Según la ABA, López ha liderado acciones legales relevantes desde la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, enfocadas en impugnar normativas que restringen el acceso a la información pública, en investigar el uso de fondos durante la pandemia y en cuestionar la implementación de políticas como la Chivo Wallet y el uso de Bitcoin.
El premio será entregado el próximo 7 de agosto durante una cena en la Reunión Anual de la ABA en Toronto, Canadá.
En representación de López, asistirán su esposo Louis Benavides y el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock.
Reconocimiento a su trayectoria
La abogada también ha representado a organizaciones salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue incluida por la BBC entre las 100 Mujeres Más Influyentes del Mundo en 2024.
Entre sus labores recientes figura el acompañamiento legal a familias de migrantes venezolanos encarcelados tras ser deportados desde Estados Unidos.
En su comunicado, la ABA reconoció que “las contribuciones de Ruth López a los esfuerzos anticorrupción, la rendición de cuentas democrática y el derecho a los derechos humanos en El Salvador son extraordinarias”.
Datos relevantes del premio y de su trayectoria:
- El galardón destaca a defensores de derechos humanos fuera de Estados Unidos.
- Se entrega en nombre de cinco instancias de la ABA, entre ellas el Centro de Derechos Humanos.
- La edición 2024 del premio fue otorgada al activista camerunés Felix Agbor Nkongho.
Proceso judicial en curso
Ruth López fue detenida el 18 de mayo de 2025, inicialmente por el delito de peculado y posteriormente por enriquecimiento ilícito, en relación con su trabajo en el Tribunal Supremo Electoral junto al expresidente de dicho organismo colegiado, Eugenio Chicas.
El 4 de junio, el Juzgado 12 de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional.
La Sala de lo Constitucional admitió el 20 de junio un recurso de hábeas corpus a su favor. Según Cristosal, la abogada fue privada de libertad sin que se le informaran los cargos ni se le presentara ante un juez en el plazo legal de 72 horas, lo cual, según la organización, vulnera el artículo 13 inciso 2 de la Constitución.
La Sala designó a una jueza ejecutora, pero no se pronunció sobre presuntas violaciones al debido proceso.
Cristosal cuestionó que la resolución “convalida la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes”, mientras el caso continúa bajo reserva a solicitud de la Fiscalía General de la República.
