Por Redacción YSKL
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa avaló este lunes el dictamen favorable para el anteproyecto de “Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana”, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La normativa busca regular incentivos económicos y sociales para promover el retorno, la inversión, la protección consular y el fortalecimiento institucional en temas de movilidad humana.
“Es una ley novedosa que nos viene a diferenciar de otras naciones”, dijo la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, durante su exposición ante la comisión.
¿Qué contempla el documento?
El anteproyecto consta de 43 artículos divididos en ocho capítulos y establece un marco para el diseño de políticas públicas vinculadas con la diáspora y las personas en tránsito, destino o retorno.
Entre los aspectos incluidos se encuentran:
- Incentivos para la importación de bienes personales y herramientas de trabajo.
- Fortalecimiento de los servicios consulares y emisión de pasaportes provisionales.
- Creación de un mecanismo nacional de coordinación sobre movilidad humana.
- Inclusión financiera y acceso a crédito para salvadoreños en el exterior.
- Regulación de agencias de reclutamiento para trabajo en el extranjero.
- Apoyo a organizaciones comunitarias de la diáspora.
- Reconocimiento de derechos a personas extranjeras en situación de movilidad.
Coordinación nacional y política pública en movilidad humana
El anteproyecto establece la creación del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que será liderado por el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana y contará con la participación de instituciones como Hacienda, Migración, Trabajo, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Procuraduría General.
Este mecanismo será responsable de elaborar la Política Nacional de Movilidad Humana y su respectivo plan de acción, además de dar seguimiento a compromisos internacionales, gestionar cooperación y supervisar la implementación de programas.
Incentivos económicos para el retorno
Los artículos relacionados al retorno establecen beneficios fiscales para salvadoreños que regresen al país, siempre que actualicen su DUI, declaren su intención de retorno, no tengan alertas judiciales y establezcan domicilio en el país.
Entre los incentivos incluidos están:
- Exoneración de impuestos para importar menaje de casa por hasta $100,000 por grupo familiar.
- Exoneración para la importación de hasta dos vehículos, con condiciones de permanencia.
- Exoneración para herramientas de trabajo por hasta $100,000, vinculadas al oficio declarado.
Estos trámites podrán realizarse individualmente o mediante representación legal, con opción a firma electrónica.
Apoyo a inversión y servicios financieros
El anteproyecto asigna a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST) la tarea de articular programas para fomentar la inversión de salvadoreños en el exterior.
También establece que las instituciones financieras deberán ofrecer servicios electrónicos que permitan realizar operaciones desde el extranjero, aceptar documentación extranjera para comprobar historial crediticio y justificar por escrito cualquier negativa de servicio.
La Superintendencia del Sistema Financiero será la encargada de supervisar estas disposiciones.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsará campañas para prevenir fraudes contra emprendedores en el exterior.
Reintegración laboral y estímulos fiscales
Se crea el registro “Empleos para Salvadoreños Retornados”, gestionado por el Ministerio de Trabajo, para facilitar la inserción laboral y permitir a las empresas acceder a deducciones fiscales.
Los beneficios fiscales consisten en deducciones del impuesto sobre la renta entre tres y cinco salarios mínimos por cada persona contratada, dependiendo del número total de contrataciones.
Las empresas deberán tener al menos seis meses de operaciones y estar al día con sus obligaciones fiscales. Los Ministerios de Hacienda y Trabajo serán los responsables de fiscalizar.
Protección consular y servicios para migrantes
La propuesta garantiza el derecho de salvadoreños en el exterior a recibir asistencia consular sin importar su estatus migratorio. También se incluye la emisión de pasaportes provisionales o documentos de viaje para quienes estén en proceso de retorno, tras verificación de nacionalidad.
Portal indicó que entre 2019 y 2024 se han emitido más de 1.1 millones de pasaportes y prestado 1.5 millones de servicios consulares, además de ejecutar programas como El Salvador Más en Estados Unidos, Italia, Honduras y próximamente en España.
Identidad cultural y participación de la diáspora
El documento también promueve el fortalecimiento de la identidad cultural salvadoreña y permite la constitución digital de asociaciones sin fines de lucro de salvadoreños en el exterior.
Estas podrán solicitar exenciones fiscales para donaciones con fines sociales.
Asimismo, se alienta la participación de la diáspora en sectores como arte, ciencia, educación, cultura, economía y deporte.
Movilidad laboral y control de agencias reclutadoras
Desde 2021, más de 17 mil salvadoreños han sido beneficiados con oportunidades laborales en el extranjero.
El artículo 32 de la iniciativa regula el funcionamiento de agencias reclutadoras y asigna al Ministerio de Trabajo su supervisión para evitar fraudes.
En este ámbito, la viceministra Portal señaló que se han firmado convenios con más de 500 empresas reclutadoras, lo que ha permitido generar $76.3 millones en remesas.
Asistencia humanitaria y derechos de personas extranjeras
Durante 2023 y 2024, más de 19,000 personas en movilidad fueron atendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La propuesta incluye protocolos diferenciados para atención de niñez migrante, un banco forense de datos para personas no localizadas y la línea anónima 126 para mujeres migrantes, desarrollada con el ISDEMU.
En los artículos finales se reconocen derechos a personas extranjeras en situación de movilidad, como el derecho a la identidad, la circulación libre, la protección internacional y el acceso a servicios sociales.
Disposiciones finales
La entrada en vigor de la ley sería ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Con ello se derogaría la normativa transitoria aprobada por decreto legislativo el 7 de noviembre de 2023, relativa a repatriación.
Portal señaló que, tras la aprobación, se realizarán jornadas informativas en consulados, en coordinación con bancos y la Dirección General de Aduanas.
“Esta ley representa una apuesta estratégica por dar sostenibilidad y articulación institucional a las acciones que ya venimos realizando”, agregó la diplomática.



















