Denuncian presunta coacción para retiro voluntario de docentes

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Foto: YSKL.

Por Redacción YSKL

El Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) denunció que algunos docentes habrían recibido presiones para acogerse al decreto de retiro voluntario, mecanismo que permite a quienes cumplen con la edad y el tiempo de servicio necesarios optar por dejar su cargo con las prestaciones correspondientes.

El dirigente de SIMEDUCO, José Orlando Carbajal, afirmó que han recibido denuncias de docentes cuyas plazas estarían siendo suprimidas sin criterios claros.

“En este mes de agosto se nos han presentado quejas y denuncias concretas de compañeros maestros cuyas plazas están siendo suprimidas bajo algunas modalidades y circunstancias… y les hacen ofrecimientos”, dijo Carbajal.

Modalidad del retiro voluntario

El decreto establece que quienes se acogen a esta medida reciben el pago de 15 salarios, conforme al artículo 30, numeral 11 B de la Ley de la Carrera Docente. Sin embargo, según el sindicato, a algunos docentes se les habría advertido que, de no aceptar, podrían irse “sin nada”.

“Ante esa situación, los compañeros maestros se ven coaccionados por el ente patronal, que en este caso es el Ministerio de Educación, y terminan aceptando una renuncia que no es voluntaria”, expresó Carbajal.

Aspectos señalados por SIMEDUCO

  • Casos documentados en distintos centros educativos, incluyendo casos en la zona metropolitana de San Salvador.
  • Docentes que firmaron su renuncia tras la presunta coacción ya están separados de sus cargos.
  • La inscripción al decreto de retiro voluntario no es obligatoria y depende de la decisión personal del maestro.

Llamado al Ministerio de Educación

El segundo secretario de SIMEDUCO manifestó que han contactado a docentes que aseguran haber sido persuadidos bajo “ofrecimientos engañosos” para firmar su renuncia.

“Le estamos exigiendo hoy al Ministerio de Educación que cese esa coacción de inmediato”, señaló.

Carbajal reiteró que el retiro voluntario es una opción personal y no una obligación, a pesar de que el plazo para acogerse vence cada agosto, conforme a la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa.