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Por Redacción YSKL
La Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámites un pronunciamiento público en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, con el objetivo de visibilizar esta problemática y fomentar el diálogo abierto sobre la salud mental.
Datos globales y nacionales
De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren por suicidio más de 720,000 personas, lo que equivale al 1.1% de las muertes registradas a nivel mundial, es decir, una de cada 100.
En el caso de El Salvador, el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia registró siete suicidios durante 2023 y 2024 a través de monitoreo de medios de comunicación.
El 71% de estos casos correspondió a niñas y adolescentes mujeres, y el 29% a niños y adolescentes hombres.
Factores de riesgo
El pronunciamiento detalla que múltiples situaciones pueden incidir en la salud mental de las personas y llevarlas a estados depresivos, entre ellas: alcoholismo, consumo de drogas, enfermedades crónicas como el cáncer, violencia intrafamiliar, desempleo, divorcio o la pérdida de un familiar cercano.
Señales de alerta
El documento aprobado por los diputados resalta señales de riesgo que pueden advertir sobre conductas suicidas: manifestaciones verbales de querer morir, sentirse sin esperanza o ser una carga.
A nivel conductual, se incluyen aislarse de seres queridos, regalar pertenencias, despedirse, mostrar cambios drásticos de humor, aumentar el consumo de alcohol o drogas y buscar métodos letales en línea.
Principales puntos incluidos en el pronunciamiento aprobado:
- Promover un diálogo abierto y sin estigmas sobre la salud mental.
- Reconocer la importancia de la prevención del suicidio como responsabilidad social.
- Fomentar espacios de educación y apoyo en la comunidad.
- Promover un entorno seguro y empático que valore a cada individuo.
Enfoque constitucional
La iniciativa presentada por el grupo parlamentario de ARENA recordó que la Constitución reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, y que es obligación de este garantizar el goce de la libertad, la salud, la justicia social y el bienestar económico.
Asimismo, establece que la salud de los habitantes constituye un bien público y corresponde al Estado y a la sociedad velar por su conservación y restablecimiento.
