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Por Redacción YSKL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 67/2025, mediante la cual concedió medidas cautelares a favor del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza.
Según el comunicado, la CIDH “consideró que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en El Salvador”.
La Comisión destacó que el beneficiario permanece bajo detención provisional sin plazo definido y en régimen de incomunicación. En la resolución se advirtió que “sus familiares y representantes legales no tendrían posibilidades de conocer en directo su situación, condiciones de detención ni estado de salud, a pesar de las acciones internas activadas ante diversas instituciones judiciales”.
Estado de incomunicación y salud
La CIDH tomó nota de que Anaya se encuentra privado de libertad desde el 7 de junio y que persiste “una situación de incomunicación absoluta, sin que sus familiares ni abogados conozcan sus condiciones de detención o estado de salud considerando sus padecimientos crónicos”.
Además, enfatizó “la protección reforzada que debe otorgársele como persona adulta mayor privada de su libertad”.
Posición del Estado
En su respuesta, el Estado informó que el beneficiario recibe alimentos especiales proporcionados por sus familiares y aseguró que “se ha asegurado en todo momento su derecho a la salud y al debido proceso, incluyendo la defensa técnica”.
También sostuvo que no se ha presentado prueba directa de un riesgo que no pueda ser atendido por los mecanismos nacionales.
La resolución de la CIDH solicita al Estado:
- Proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Anaya.
- Garantizar el cese inmediato de la incomunicación prolongada.
- Asegurar contacto regular con familiares y abogados.
- Brindar tratamiento médico prescrito de forma oportuna y adecuada.
- Revisar la continuidad de la prisión preventiva, considerando medidas alternativas.
- Concertar las medidas con el beneficiario y sus representantes.
- Investigar los hechos que dieron lugar a la resolución y su posible vínculo con su actividad como defensor de derechos humanos.
Proceso judicial
A finales de junio, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Enrique Anaya, acusado por la Fiscalía del delito de lavado de dinero y activos, supuestamente cometidos entre 2015 y 2024.
La defensa afirmó que no se lograron medidas sustitutivas y que apelarán la decisión.
El abogado defensor, Jaime Quintanilla, indicó que continúan a la espera de la decisión de la Sala de lo Constitucional sobre el habeas corpus admitido en junio, relacionado con el derecho a la salud y a una defensa técnica adecuada.
“Para nosotros es importante que él, aunque el juicio siga, él tiene que permanecer en libertad”, expresó.
Condiciones de detención
Quintanilla describió la salud de Anaya como crítica, agravada por el hacinamiento y la falta de condiciones en el lugar de reclusión. Señaló que “él es una persona que necesita estar fuera, en su trabajo, en actividad constante, con una buena alimentación (…) lo veo un poco decaído”.
El constitucionalista padece una enfermedad crónica que requiere medicamentos especializados. Actualmente permanece en la Subdirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, bajo reserva judicial en su proceso penal.
