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Por Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que, tras recibir más de 2,000 denuncias durante los últimos días de septiembre, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó la segunda fase del caso denominado “Escudo Virtual”.
Como parte del operativo, realizado en la madrugada, se giraron 51 órdenes de captura contra presuntos miembros de una estructura digital dedicada a hurtar, estafar y lavar dinero.
Según la investigación, los involucrados utilizaban redes sociales para reclutar personas que fungían como enlaces para transferir fondos mediante bancas electrónicas.
Además, contactaban a las víctimas haciéndose pasar por familiares para ofrecerles maletas con mercadería o supuestos empleos como gestores de cobros en sitios web falsos.
Entre los capturados se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, otra mexicana y varios salvadoreños, quienes habrían operado bajo la estructura de cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores.
De acuerdo con la FGR, el monto defraudado asciende a $215,000, de los cuales una parte fue convertida a criptoactivos y vinculada a billeteras digitales, mientras que el resto se movió en efectivo o mediante transferencias entre bancos para dificultar el rastreo.
Durante los allanamientos se incautaron 16 teléfonos, cuatro laptops, seis tarjetas de débito, una libreta de ahorro, cuatro memorias USB, un CPU y un disco duro. Algunos de los imputados ya se encuentran en prisión por otros procesos y serán notificados de los nuevos delitos.
Contexto del caso
La primera fase de “Escudo Virtual” fue presentada el 24 de septiembre, cuando las autoridades informaron sobre el desmantelamiento de una red internacional de estafas, hurto informático y lavado de dinero que operaba desde varios países de América Latina.
Según la FGR, la organización está vinculada a 4,728 casos individuales, con la participación de 549 personas y un movimiento financiero ilícito estimado en $6 millones de dólares.
La estructura contaba con jefes, administradores transnacionales, en su mayoría ciudadanos colombianos, operadores locales y mulas financieras que prestaban sus cuentas a cambio de un porcentaje.
Parte de las operaciones se coordinaban desde call centers en cárceles colombianas.
