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Por Redacción YSKL
La asociación Acción Ciudadana presentó este jueves el “Primer informe de seguimiento de las obligaciones de transparencia del Estado salvadoreño en el Acuerdo de Servicios Ampliados (SAF)” del Fondo Monetario Internacional (FMI), que evaluó los compromisos relacionados con gobernanza y transparencia, verificando la información disponible en los portales web oficiales de las instituciones.
Según la organización, “la mayoría de los compromisos no han sido cumplidos o no hay evidencia pública disponible”.
El monitoreo se centró en ocho áreas específicas, cuyo cumplimiento se verificó únicamente a través de la información publicada en sitios web oficiales, sin que esto descarte la existencia de avances no publicados.
Compromisos monitoreados por Acción Ciudadana
- Compras públicas
- Nuevo marco anticorrupción
- Fortalecimiento de la Corte de Cuentas de la República
- Lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
- Independencia judicial y fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
- Transparencia y responsabilidad fiscal
- Regulación y riesgos en criptomonedas
- Sistema de pensiones
Hallazgos por áreas de compromiso
En compras públicas, se constató un cumplimiento parcial. Se identificó la publicación de directrices sobre excepciones a la ley de compras públicas, pero no se encontró el decreto presidencial que las reedita. Además, aunque el portal Comprasal permite acceder a información general sobre adjudicaciones, no se publican contratos ni documentos de respaldo, ni información completa sobre beneficiarios finales.
En el nuevo marco anticorrupción, no se encontró evidencia pública de medidas adoptadas. No hay información sobre el inicio de operaciones del Centro Nacional Anticorrupción ni sobre la publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios, cuyo portal web deberá habilitarse hasta 2026.
Respecto al fortalecimiento de la Corte de Cuentas de la República, Acción Ciudadana identificó que no se ha documentado el aumento de capacidad administrativa o de auditoría, ni la agilización de la publicación de estados financieros auditados de ministerios y empresas estatales, ni un refuerzo presupuestario.
En el área de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, se registró el cumplimiento formal de la nueva ley aprobada en octubre. Sin embargo, no hay evidencia de la creación de un registro de beneficiarios finales ni del fortalecimiento de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República.
La independencia judicial y el fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) también presentan incumplimientos, ya que no se han registrado medidas sobre carrera judicial, reasignaciones de jueces o refuerzos operativos y financieros del IAIP.
En transparencia y responsabilidad fiscal, se identificaron avances parciales: se publicaron estados financieros y presupuestarios de empresas estatales y se aprobó la nueva ley de responsabilidad fiscal, aunque con retraso respecto a los plazos establecidos.
Los compromisos sobre criptomonedas y pensiones no cuentan con evidencia pública suficiente. En el caso de criptomonedas, los estados financieros trimestrales de empresas participantes no se encuentran disponibles. Sobre pensiones, no se identificó información sobre la evaluación independiente que debía realizar el Estado.
Conclusiones del informe
Acción Ciudadana concluyó que la mayoría de los compromisos del Acuerdo de Servicios Ampliados no cuenta con evidencia pública de cumplimiento.
Algunos compromisos, como la ley de responsabilidad fiscal y la ley sobre lavado de dinero, han sido formalmente aprobados, pero sin mayor información sobre su aplicación.
En compras públicas se evidencian avances parciales, mientras que en otros sectores, como criptomonedas y pensiones, la información pública disponible es escasa o inexistente.
El informe enfatiza que estos hallazgos reflejan únicamente lo que cualquier ciudadano puede verificar en los portales oficiales, y que la falta de evidencia pública no implica necesariamente que no haya avances internos en las instituciones.
