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Por Redacción YSKL
Una jueza federal del estado de Maryland suspendió temporalmente la aplicación de una tarifa anual de $100 dólares para las solicitudes de asilo, luego de determinar que existían contradicciones entre las políticas de las agencias encargadas de implementarla.
La jueza Stephanie Gallagher concluyó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) actuaron “de manera arbitraria y caprichosa” al emitir lineamientos contradictorios sobre el pago de la nueva tasa.
Según su resolución, ambas instituciones no resolvieron “la inconsistencia entre las políticas”, lo que generó un “daño irreparable” para los solicitantes de asilo.
Gallagher detalló que la falta de coordinación llevó incluso a que algunos solicitantes fueran expulsados antes de que existiera un mecanismo oficial para realizar el pago.
La suspensión permanecerá vigente hasta que las agencias emitan directrices claras y uniformes sobre los plazos, métodos y consecuencias del cobro.
La tarifa fue establecida por la llamada “gran y hermosa ley” firmada el 4 de julio, la cual impone un pago anual de 100 dólares mientras el caso de asilo permanezca pendiente.
Antes de esta norma, no existía ningún cobro por solicitar asilo.
El USCIS comenzó a enviar notificaciones el 1 de octubre, otorgando un plazo de 30 días para cumplir con el pago. Sin embargo, la implementación provocó confusión y preocupación entre los solicitantes.
Demanda del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo
El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en Maryland argumentando que la tarifa fue aplicada de forma retroactiva y sin procedimientos claros.
Según el grupo, las agencias federales dieron información contradictoria y plazos diferentes, generando incertidumbre sobre cómo y cuándo debía realizarse el pago.
Durante la audiencia, la abogada del grupo, Susan Pelletier, sostuvo que muchos solicitantes carecen de medios para pagar la cuota.
“Tendrían que elegir entre alimentar a sus familias o pagar la cuota”, declaró.
La demanda recoge casos de personas que aseguran haber sido afectadas por la medida:
- Una mujer hondureña teme ser deportada por no poder pagar la tarifa.
- Un solicitante nigeriano dijo haberse enterado del nuevo requisito únicamente a través de redes sociales y teme que la falta de pago afecte su caso.
Medidas adoptadas por las autoridades
En respuesta al litigio, la EOIR habilitó un portal de pago en línea y aseguró que notificará directamente a las personas sujetas a la nueva cuota.
También informó que procesará los pagos realizados a través de otros sistemas.
Por su parte, la abogada del Departamento de Justicia, Zareen Iqbal, afirmó que la política no se aplicaba retroactivamente y que su propósito era ayudar a resolver el número elevado de casos pendientes, comparando el cobro con un impuesto destinado a mantener el sistema.
La jueza Gallagher señaló que considerará levantar la suspensión cuando las agencias federales publiquen políticas coherentes que proporcionen a los solicitantes un aviso justo sobre el plazo, el método de pago y las consecuencias de incumplir con la tarifa.
